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Desde que en diciembre del año pasado el Instituto de Previsión Social (IPS) decidiera adjudicar al Consorcio Scarpe Christian el 60% del servicio de hemodiálisis para sus asegurados de Asunción y el área Central, una serie de cuestionamientos fueron surgiendo sobre el centro al que debían asistir los enfermos renales para recibir el tratamiento.
El primer punto llamativo es que al momento de la apertura de sobres de la licitación el Consorcio Scarpe Christian no contaba con la habilitación como centro de hemodiálisis que debe ser dada por el Ministerio de Salud Pública a través de la Superintendencia, de acuerdo a una de las varias protestas que fueron surgiendo a lo largo del proceso. Además, de acuerdo a un informe de la comisión que se había encargado de realizar la evaluación de las ofertas, este consorcio no había presentado su formulario de oferta en forma correcta, por lo que debía ser descalificado. Aun así, la licitación siguió su curso. Y las irregularidades siguieron saliendo a la luz.
En el pliego de bases y condiciones, el IPS establecía como necesidad primordial que los oferentes contaran con salas de terapia intensiva para traslado inmediato en caso de que los pacientes sufrieran algún tipo de complicación. El Sanatorio Christian, ubicado en San Lorenzo y hasta donde deberían ir los enfermos renales que son asegurados de la previsional, no cuenta con estas salas. De acuerdo al informe, los oferentes deberían haber presentado una oferta en la que cotizaban como mínimo por 14.040 sesiones, el equivalente al 60% del servicio. Sin embargo, el Consorcio Scarpe presentó una oferta por apenas 11.700 sesiones. Detalla el informe además que la firma presenta en la actualidad un contrato con el Ministerio de Salud que compromete un total de 13 máquinas, lo que dejaría apenas seis conectadas a sus respectivas bocas de agua disponibles para los asegurados del IPS.
En aquella ocasión habían prometido contar con 30 máquinas para el momento de la firma del contrato en caso de ser adjudicados. El Consorcio Scarpe Christian ya cuenta con 80 pacientes del Ministerio de Salud, a los que ahora se le sumarían unos 160 pacientes del IPS para hacer un total de 240. Cada máquina atiende a tres pacientes diarios con un promedio de cuatro horas por sesión; además, debe existir un tiempo de desinfección de unos 40 minutos. Es decir, al día podrían recibir sus tratamientos unos 90 pacientes, que deben hacerlo tres veces a la semana, por lo que difícilmente se podría cubrir a todos los enfermos que deben acudir al lugar.
A pesar de todos estos inconvenientes, el 9 de diciembre pasado, el Consejo de Administración del IPS decidió conceder el 60% del servicio al Consorcio Scarpe Christian, por cerca de G. 6.000 millones. De acuerdo a la resolución en la que se dio a conocer la decisión, el Consejo decidió desoír la recomendación de la Comisión Evaluadora que había recomendado la adjudicación al Consorcio Renal, compuesto por tres sanatorios en los que ya eran atendidos los asegurados del IPS, al que dieron solo el 40% de la adjudicación.
En principio, la previsional había realizado el llamado a licitación por G. 10.900 millones y con las adjudicaciones, conseguía un “ahorro” de casi G. 900 millones. Al tratarse de cuestiones tan delicadas como la salud, la decisión no debería basarse nunca en la conveniencia económica sino en la disponibilidad del mejor servicio. Tras una serie de protestas, la adjudicación quedó impugnada y en enero pasado, el IPS decidió suspender la adjudicación del Consorcio Scarpe Christian, según documentos que constan en la página web de la Dirección Nacional de Contrataciones. La suspensión se dio por sugerencia de esta institución.
Pero un par de meses después, en marzo, el Consejo de Administración volvía a otorgar al Consorcio Scarpe Christian el contrato que había quedado suspendido. Ante esta situación, Contrataciones decidió anular la adjudicación, ante las protestas del Consorcio Renal, el otro oferente. Además, se decidió retrotraer el proceso licitatorio a la etapa de evaluación de ofertas.
La situación para los enfermos renales del IPS comienza a complicarse, puesto que el 40% que se había adjudicado al Consorcio Renal ya fue utilizado en su totalidad, por lo que ahora las autoridades de la previsional pretenden enviarlos al Sanatorio Christian, una decisión con la que ni los asegurados ni sus familiares están de acuerdo. A la serie de dudas ya citadas, se le suma además que hasta aquí los pacientes eran atendidos en tres sanatorios diferentes y, en caso de que el IPS no revea la decisión, de ahora en adelante deberán ir todos a un solo centro para ser atendidos.
Además, el sanatorio se encuentra ubicado en San Lorenzo y una gran parte de los enfermos viven en Asunción y deben movilizarse en transporte público, por lo que además de su delicada situación de salud deberán soportar el caótico tránsito y todas sus consecuencias para llegar al lugar, tres veces por semana.
Otro punto llamativo en la cuestión es que la Dra. Maricarmen Romero, quien actualmente ocuparía el cargo de jefa del servicio de Nefrología del IPS, formó parte de la Comisión Evaluadora que había recomendado la adjudicación al Consorcio Renal, por ser el más calificado. A pesar de esto, la previsional insiste en otorgar el contrato al Consorcio Scarpe Christian. De acuerdo a lo que le dijeron a los pacientes, se formó una nueva comisión evaluadora luego de la decisión de Contrataciones de suspender el contrato y ésta ya no encontró reparos a la postulación del Sanatorio Christian.
La familia de un paciente, que solicitó resguardo de su identidad por temor a posibles represalias, visitó días atrás el Sanatorio Christian porque deseaba conocer el lugar al que deberían acudir en caso de que la situación no se resuelva.
“No tiene las condiciones mínimas para atenderle a la gente”, se lamentaron en una conversación con ABC Color. El lugar no cuenta siquiera con recepcionista y una mujer policía funge las veces de guardia. Portando un arma de fuego y una cachiporra, la agente se ubicó frente a la entrada de la sala de hemodiálisis al momento en el que vio llegar a la familia y le dijo que para poder ingresar debían hacerlo acompañados por la administradora.
Luego de media hora de espera, la mujer se acercó a la familia y le dijo que no iba a ser recibida y le advirtió que el circuito cerrado había captado el momento en que sacaban fotos y que eso estaba prohibido por ser un centro privado. De acuerdo a estas personas, no se respetaba siquiera el silencio y tranquilidad que deben existir en lugares como éstos, ya que cada vez que iba a salir un paciente, la mujer gritaba desde la puerta para que los familiares fueran a buscarlo.
La situación genera gran preocupación atendiendo al delicado estado de salud de quienes deben recibir este tratamiento y a los que se los podría exponer a grandes riesgos en caso de que no se cuenten con las condiciones necesarias.