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La CGR realizó recientemente una auditoría presupuestaria y financiera al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones por el periodo 2013, año durante el cual fue ministro Enrique Salyn Buzarquis -hasta mediados de agosto- y luego asumió Ramón Jiménez Gaona, quien sigue en el cargo. Esta auditoría determinó que existen inidicios de hechos punibles contra el patrimonio por valor de G. 19.667.780.723.
Los indicios apuntan a que pudo haberse pagado a agencias de mantenimiento vial sin cumplir requerimientos de rendición de cuentas, o que figuran bienes activos en el presupuesto del MOPC sin certeza de su existencia. También se detectó el hecho de omisión en saldo de cuenta "Deudores por detrimentos de fondos", como la existencia de datos no exactos en el inventario y una deuda en el activo del MOPC.
Actualmente, el informe está siendo profundizado por la Dirección de Auditoría Forense, que se encargará de hacer una denuncia formal en la Fiscalía en caso de que corresponda. Asimismo, se detectaron varias irregularidades como que más de 400 vehículos de la cartera de Estado no cuentan con título de propiedad.
La auditoría presupuestaria y financiera determinó además que casi el 100% de las empresas subsidiadas durante ese periodo por el Ministerio de Obras no cumplieron con los lineamientos establecidos para poder ser beneficiario del subsidio.
Ello se puede ver en la rendición de cuentas que hacen las empresas al Ministerio, indicó el contador Fabio Baéz, supervisor de la auditoría mencionada. Báez comentó a ABC Color que la Contraloría ya emitió en dos ocasiones recomendaciones para el Ministerio, a fin de que resuelvan la situación con los transportistas, ya que estos, en vez de renovar la flota, de instalar las máquinas para el billetaje electrónico o de hacer mantenimiento, usan el dinero en cualquier otra cosa, refirió.
Más de G. 11.000 millones fueron desembolsados para los transportistas en el periodo mencionado, lo que representan casi el 93% del dinero entregado al sector privado para mejorar el servicio.