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La invasión de una buena parte de la reserva natural Campos Morombí, propiedad de la familia Riquelme ubicada entre los departamentos de Canindeyú, Caaguazú y Alto Paraná, se ha convertido en un enorme negocio para varios financistas, parte de la Policía Nacional y algunos funcionarios del Instituto Forestal Nacional (Infona).
Por el lugar no solo circula sin problema alguno el tráfico de madera y carbón vegetal, sino también de marihuana. Pobladores de la localidad de Yvyra Pytá, distrito de Yvy Pytá (Canindeyú) denunciaron que los traficantes tienen vía libre por la zona.
El asentamiento ilegal es denominado “6 de Enero”, en donde existen aproximadamente 2.000 personas, unas 300 familias las que dicen ser campesinos sin tierras, el resto son depredadores, quienes se encargan de derribar los añosos árboles para convertirlo en durmientes, tirantes, cortes de marco y carbón vegetal que son transportados a los diversos mercados de la zona de Canindeyú, Caaguazú, Alto Paraná y Uruguay.
De acuerdo a los datos recabados durante varios días, los financistas uruguayos son los que invierten varios millones en cuanto a infraestructura y supuestos pagos de coimas a los agentes policiales del Departamento de Bosque y Asuntos Ambientales (DEBOA), destacados en el acceso a la reserva, a funcionarios del Infona y a los uniformados de la subcomisaría 19ª Campo Aguae, según los datos.
La salida de enormes camiones es la constantes bajo las narices de las mencionadas autoridades, por lo que exigen que haya mayor control. El camino interno de la estancia JP, es la que utilizan para salir a la ruta X Las Residentas, a escasos 100 metros del improvisado puesto de control de la policía del DEBOA, cuyos agentes admiten que no realizan los controles porque existen muchas presiones políticas.
La propia Policía Nacional, a través de los trabajos de inteligencia han detectado la deforestación de más de 2.500 hectáreas del área protegida, o que debería estar protegida. Quisimos conocer la versión policial llamando al comisario general Luis Cantero, Director General de Orden y Seguridad, pero no contestó nuestras reiteradas llamadas.