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El fiscalizador designado por la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (Dinapi) para verificar los documentos de Autores Paraguayos Asociados (APA) quien fue denunciado por desacato por los abogados de la sociedad, explicó que estos recursos no son más que chicanas para ganar más tiempo en el proceso, pero aseguró que, aunque ganen algunos días, “no lograrán evitar lo inevitable, pues la intervención judicial ya fue ordenada”, acotó el fiscalizador.
Por otra parte, los abogados de APA recusaron a la jueza de turno, Karen González, quien fue la que ordenó la intervención a APA, por supuesto incumplimiento al deber de imparcialidad. Esto retrasaría que el señor Librado Sánchez inicie la intervención judicial.
Sobre esto, Gavilán explicó también que a los directivos de APA no les servirá de mucho la recusación a la jueza, pues se requiere de un simple trámite administrativo para que el caso pase a manos de la jueza o juez del siguiente turno.
Para iniciar la intervención judicial, la jueza Karen González debía tomar juramento a Librado Sánchez el pasado martes, de manera a que este pueda asumir su función de interventor judicial de APA.
Sin embargo, con la recusación de la jueza, el juramento se suspendió, retrasando así el proceso.
Gavilán aseguró que solo es cuestión de días para que la jueza que sigue en el orden de turno se haga cargo del expediente y tome el juramento a Librado Sánchez.
El interventor pasaría a separar del cargo al presidente y al directorio y tomaría él la administración de APA.
Por su parte, Ricardo Gavilán seguiría con su labor de fiscalizador por parte de Dinapi.
En cuanto a la jueza Karen González, ella tendría que elevar un informe a la Cámara de Apelaciones con respecto a su recusación.
Gavilán aseguró que esta solo fue “una maniobra dilatoria y chicanera más de los abogados de APA de manera a seguir poniendo trabas a este proceso y seguir ganando exorbitantes honorarios”, agregó.
Según explicó el fiscalizador Ricardo Gavilán, no existe una causa sobreviniente que pueda justificar la recusación de la jueza Karen González, pues no tienen argumentos probados sobre el supuesto parcialismo.
“El argumento del abogado Rubén Ayala, de APA no tiene pies ni cabeza. No existe un solo argumento jurídico, ni procesal que pueda justificar el apartamiento de la jueza González de esta causa”, añadió Gavilán.
Con respecto a la denuncia por desacato que hicieron contra el fiscalizador, el argumento de APA es que el examen de los documentos debe realizarse en sede de APA, porque supuestamente así lo ordena la resolución.
Sin embargo, según Gavilán, la resolución mencionada establece también que el fiscalizador está facultado a incautar los documentos, con auxilio de la Fuerza Pública si fuere necesario cuando el examen de los documentos no fuere útil dentro de la entidad.
Los directivos de APA reclamaron también que el fiscalizador haya pedido fotocopias, y le acusaron de desacatar la resolución.
Por su parte, Gavilán explicó: “Si la resolución me faculta a retirar documentos originales, también puedo retirar copias. Yo he pedido a los directivos fotocopias foliadas y rubricadas por los responsables de la entidad, y se negaban. Les pedía eso para que los documentos originales sigan físicamente en APA, porque todos los argumentos que yo presente deben estar respaldados con pruebas documentales”.
Gavilán añadió que no quiso llegar a la situación de tener que secuestrar los documentos, como bien podía hacerlo.
“Dicen que no tienen dinero para hacer fotocopias, yo les ofrecí llevar una fotocopiadora para hacer yo mismo las copias con maquinaria de la Dinapi, y no accedieron. Sin embargo, cada vez que vamos a realizar la fiscalización, tienen dinero para contratar a una escribana que labre acta. Al impedirme tener acceso a las copias de los documentos, ellos son los que están desacatando la orden judicial”, continuó Ricardo Gavilán.
Contó que una prueba de que APA cuenta con recursos, fue una una de las últimas facturas de uno de los abogados que cobraron G. 45 millones.
Por su parte, el argumento de APA es que ellos habilitaron una habitación con todas las comodidades para que el fiscalizador pueda hacer su trabajo. A esto, Gavilán explicó que trabajar en la sede de Dinapi se sienten avasallados, por funcionarios de APA, que ingresan a examinar la fiscalización y les impiden hacer su trabajo.
“Ellos no tienen por qué estar haciendo de veedores nuestros, al contrario, nosotros somos sus contralores”, acotó Gavilán.
La intervención en APA fue ordenada a consecuencia de numerosas sospechas de irregularidades en el manejo de los recursos de la sociedad de gestión.
Hasta el momento, los hechos demuestran que los directivos, en lugar de mostrar transparencia permitiendo el control, solo han puesto trabas para detener el proceso.