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Las denuncias fueron recopiladas por el equipo de investigación de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) y del Servicio Paz y Justicia-Paraguay (Serpaj), que se dirigió hasta la humilde comunidad este sábado.
“Todos los pobladores coinciden que durante los allanamientos, en procedimientos policiales se utilizó el maltrato verbal o psicológico contra estas personas”, afirmó Abel Irala, miembro del Serpaj, en comunicación con ABC Color.
Además, mencionó un hecho que preocupa a las organizaciones protectoras de los Derechos Humanos: la utilización de armas de fuego para sacar datos a pobladores, inclusive niños.
“Un elemento que es sumamente preocupante es que en estos allanamientos también se les ha sometido a interrogatorio a punta de pistola a niños de corta edad, que tenían que responder a las preguntas de los policías, mientras que ellos les apuntaban con sus armas de grueso calibre”, afirma Irala, de acuerdo al relato de los habitantes de la ciudad.
En otro aspecto, los pobladores denunciaron la prepotencia en todo momento por parte de la fiscala Ninfa Aguilar.
“La fiscala, tratando de humillar a las personas, tirando los utensilios de cocina de las mujeres”, subrayó.
El equipo de la Codehupy y Serpaj recabó estas y otras denuncias para analizarlas y darlas a conocer a la opinión pública y elevarlas a las autoridades del Ministerio del Interior. No descartan llevar el caso a estratos judiciales.