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El viernes 12 de abril se realizó la audiencia preliminar del caso y la jueza penal de garantías Cinthia Páez decidió elevar la causa a juicio oral y público.
Asimismo, fueron acusados el funcionario Aldo Rojas, secretario general de la Comuna, además de los policías municipales José Reyes, Gustavo Castillo y Javier Saldívar.
El jefe comunal y otros funcionarios fueron denunciados por el exsenador Julio “Pichín” Quiñónez luego de que interceptaran sus colectivos en la vía pública el 2 de agosto pasado, con el objetivo de hacer cumplir la Resolución Nº 599/2018, que inhabilitaba a la empresa de transporte Villa Serrana, por evasión fiscal. Esto, porque desde la instalación de la empresa, hace más de 21 años, jamás pagó la patente comercial correspondiente.
La expectativa de pena en el caso de perturbación de servicios públicos es de cinco años o multa, mientras que en el de usurpación, de tres años o multa.
Quiñónez también denunció al intendente Dan González por los delitos de lesión de confianza, administración y enriquecimiento en la gestión pública en beneficio propio y exacción por cobrar o intentar cobrar impuestos que no corresponden.
El intendente Dan González lamentó profundamente que tanto él como sus funcionarios deban afrontar un juicio oral por “cumplir con sus obligaciones”.
“Es un despropósito que seamos procesados por querer cobrar impuestos que legalmente le corresponden a la Comuna, mientras que el evasor sigue operando tan campantemente”, acotó.
Intentamos comunicarnos con el exsenador Quiñónez para conocer su parecer sobre el caso, pero no respondió las reiteradas llamadas. Quedamos a su disposición para cualquier manifestación que desee realizar.