Intendenta de Tava'i afronta audiencia

Este lunes, la intendenta de Tava’i, Alba Correa (ANR), debe presentarse para una audiencia preliminar ante el juez Penal de Garantías de San Juan Nepomuceno, César Acosta. Afronta una acusación por supuesta lesión de confianza y malversación.

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El fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción, Aldo Cantero, presentó acusación contra Alba Correa el 7 de diciembre de 2014. El fiscal Cantero está designado como coadyuvante en la investigación, junto al titular de la causa, el fiscal de San Juan Nepomuceno, Carlos Chamorro, quien fue recusado por la intendenta Correa.

La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por los concejales municipales del distrito de Tava’i: María Victoria Bogado Martínez, Pastor Raúl Benítez, Francisco Rubén Cáceres y Nilsa Graciela Riveros. Los miembros de la Junta Municipal relataron una serie de hechos irregulares acontecidos durante el ejercicio fiscal del año 2011 en la Municipalidad de Tava’i, bajo la administración de la actual intendenta, quien habría ocasionado un perjuicio de G. 286.510.546.

En ese contexto, el 22 de julio de 2013 se constituyó la comitiva fiscal, junto a funcionarios del Laboratorio Forense del Ministerio Público, en el local comunal, con el objeto de verificar las obras cuestionadas por los ediles. A partir de ahí, el técnico fiscal de Cuentas, Roberto Machado, remitió su informe técnico, donde especificó que los responsables ordenadores de gastos y administradores de fondos no observaron el cumplimiento de las normas y demás resoluciones de carácter general y municipal, por lo cual han incurrido en una administración “desprolija grave”.

La jefa comunal debía presentarse para una audiencia preliminar el pasado 7 de noviembre. Sin embargo, presentó un incidente y logró la suspensión, hasta este lunes 16 de marzo.

Existe también una nueva denuncia contra Alba Correa por lesión de confianza durante su gestión 2012-2013. Según el escrito presentado por el presidente de la Junta Municipal, Diosnel Báez (ANR), y que fue firmado por los nueve ediles, de unos G. 1.180 millones del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide), solo presentó documentos respaldatorios a la Contraloría General de la República del destino de unos G. 446 millones. El uso de G. 734 millones no fue justificado.

Al respecto intentamos conversar con Correa, pero su teléfono nos dio apagado.

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