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El “blanqueo” al ministro de Obras Públicas, Ramón Jiménez Gaona, es inminente debido a que si bien el juez Gustavo Amarilla dio trámite de oposición a la petición inicial de la Fiscalía, solicitar el dictamen de la Fiscalía General del Estado es el último recurso que el magistrado tenía para frenar el archivamiento del caso.
El trámite de oposición está previsto en el Código Procesal Penal, en su artículo 358, que establece textualmente lo siguiente: “Falta de acusación. Cuando el Ministerio Público no haya acusado y el juez considera admisible la apertura a juicio, ordenará que se remitan las actuaciones al fiscal general del Estado para que acuse o ratifique el pronunciamiento del fiscal inferior.
En este último caso, el juez resolverá conforme al pedido del Ministerio Público. En ningún caso, el juez podrá decretar el auto de apertura a juicio si no existe acusación fiscal. En consecuencia, al magistrado no le queda otra alternativa que archivar el caso.
Al igual que el fiscal del caso, Nelson Ruiz, Salas trajo a colación el resultado del dictamen elaborado por las peritos del Ministerio Público, la arquitecta Olga Fleitas y la ingeniera Ross Franco, que no encontraron anomalías en la obra pese a haberse constituido en distintas ocasiones en las intersecciones de las avenidas Madame Lynch y Aviadores del Chaco.
Respecto a los cambios introducidos al proyecto inicial- denunciados por el proyectista de la obra Ing. Herman Pankow como una maniobra irregular para abaratar los costos- Salas aduce que los mismos fueron “necesarios” y que el fin de los mismos fue adecuar el proyecto a las normativas vigentes y a la seguridad tanto de la obra como de las personas. “El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones por medio de la nota MOPC N° 491/2017 de fecha 19 de junio del 2017, informó al Ministerio Público que las modificaciones al proyecto, contaron con parecer técnico favorable de la firma fiscalizadora de la obra -Caser- y de la Dirección de Viabilidad del MOPC”, argumentó Salas.
El “superviaducto” fue construido a un precio de G. 124.210 millones. obra adjudicada en una dudosa licitación pública a la empresa española Isolux Corsán, investigada en su país por supuesta participación en un esquema de coimas.