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Hasta el momento, fueron clausuradas 15 curtiembres y todos sus propietarios están imputados por las fiscalas Cinthya Lovera y Sandra Torres, por procesamiento ilícito de desechos e incumplimiento de las leyes ambientales y de protección de los recursos hídricos de Carapeguá.
El juez de Garantías Víctor Vega había cesado en sus actividades a las industrias que operaban sin licencia ambiental ocasionando la polución del ambiente y de los recursos hídricos, poniendo en riesgo la contaminación del lago Ypoá.
Uno de los industriales, Pastor Lezcano, manifestó que la Secretaría del Ambiente (Seam) le instruyó sumario y la asesoría jurídica dictaminó que su empresa debe pagar G. 171 millones en concepto de multas por utilizar cromo en un elevado porcentaje.
Dijo que hasta el momento tiene una pérdida de más de G. 100 millones mensuales en su empresa y que le preocupa también la situación de sus trabajadores, que este fin de año no van a tener ingresos para sus hogares.
El intendente municipal, Isabelino Silva (ANR), preocupado por la situación que vienen soportando unas 250 familias que quedaron sin el sustento diario, conversó con el vicepresidente de la República, Juan Eudes Afara, y a través de dichas gestiones se consiguió que la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) enviara los víveres para los desempleados.
La Municipalidad local, con el respaldo de la SEN, distribuyó 5.000 kilos de víveres a los desempleados de las curtiembres.
Gustavo González, uno de los trabajadores que recibieron los víveres, dijo que es un consuelo para sus demás compañeros porque desde hace días no trabajan y es preocupante para ellos no contar con recursos para sostener a sus familias.