Indígenas son ignorados

Unos 200 miembros de la comunidad Sawhoyamaxa están en una vigilia permanente en el microcentro, a la espera de que el presidente Horacio Cartes promulgue la ley que les devuelva sus tierras. Creen que las autoridades ignoran la urgencia del pedido.

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Leonardo González, vicelíder del grupo, explicó que permanecerán en el lugar hasta que el Presidente firme el decreto de restitución de las 14.404 hectáreas de tierras ancestrales, tal como dictaminó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

González explicó que antes de que la ley -que ya fue sancionada hace 13 días- pase al Poder Ejecutivo para su promulgación, se necesita la firma de la senadora colorada Mirta Gusinky, puesto que ella es la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta.

Sin embargo, pareciera que la misma “no se deja encontrar”, ya que los líderes indígenas están aguardándola desde la semana pasada.

Ante las dificultades, decidieron venir desde el fin de semana último al microcentro, donde efectúan una vigilia permanente.

Mientras tanto, el mandatario está ocupado con sus actividades en el marco de la 44ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo lema este año es -irónicamente- “Desarrollo con inclusión social”.

Las familias vinieron desde Villa Hayes y permanecen en la zona de la Catedral Metropolitana, en las cercanías del Congreso. Allí duermen en el piso y sobreviven gracias a la solidaridad de algunas ONG que les llevan alimentos. 

González anunció que no se moverán de ese lugar hasta que se promulgue la ley, ya que han pasado muchos años desde el inicio de su lucha.

Componen el grupo ancianos, niños, adolescentes, adultos y hasta mujeres embarazadas, quienes pasaron las noches más frías en las calles entre el domingo y el miércoles, esperando las firmas de Gusinky y de Cartes.

El vicelíder anunció que hoy nuevamente se manifestarán frente al Congreso, esperando que la senadora colorada los reciba. Quienes encabezan el grupo se reunirán hoy con otros parlamentarios para insistir sobre el pedido, informó.

Con la promulgación de la ley, el Estado paraguayo dará cumplimiento a un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del año 2006, que daba plazo hasta el año 2009.

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