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El presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Justo Cárdenas, convocó a conferencia de prensa tras la denuncia fiscal presentada recientemente por el abogado Hugo Waldino Lovera, que hace referencia a la supuesta comisión de hecho punible de malversación de fondos en torno al SIRT. Este catastro rural o censo agrícola, cuyas siglas significan Sistema de Información de Recursos de la Tierra, tiene numerosos detractores.
Según reconoció Cárdenas, no se llegó a la meta del relevamiento de datos de poco más de 900 colonias del Indert debido a que se replantearon los objetivos del SIRT. En 2015 se estimaba que todo el trabajo podría financiarse con US$ 4,5 millones, pero finalmente en 2016 se corrigió la cifra y terminaron los trabajos con ese presupuesto pero en menos de 300 colonias.
Esto no puede tomarse como un retraso ni incumplimiento, dijo el funcionario, debido a que las funciones que se le dieron al SIRT terminaron siendo mucho más complejas que el simple levantamiento de datos de un terreno, que se pensó en un principio.
A su vez, el asesor del SIRT Hugo Jiménez Recalde y la gerente de ese estamento, Zulma Sosa, destacaron que gracias a los trabajos del catastro rural pudieron distribuir 20.000 certificados de ocupación. Admitieron, no obstante, que fueron entregados solamente 500 títulos de propiedad.
El abogado Lovera presentó denuncia contra personas innominadas del Indert y el SIRT el 19 de marzo pasado, ante la Unidad de Delitos Económicos, Anticorrupción, Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, pero hasta hoy no hay fiscal designado.