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En comunicación con ABC Cardinal, Mario Paz, exsenador y experto en leyes laborales, comentó que Nicanor Duarte Frutos, presidente paraguayo de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), le encargó hace algún tiempo realizar una consultoría sobre todas las normativas vigentes en referencia a las indemnizaciones que paga la institución a los directivos que son reemplazados con el cambio de gobierno.
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En ese marco, existe un antecedente como el de Luis Canillas, exasesor de la EBY afín al entonces presidente Horacio Cartes, quien demandó a la entidad por haberlo despedido tras el traspaso de mando. Al respecto, Paz mencionó que no le hablaron de un caso particular sino de una legislación en general.
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La guía con recomendaciones de resoluciones que debe dictar la administración fue entregada ayer al titular de la EBY. Este documento fue hecho en base a todas los normativas existentes desde la firma del tratado hasta hoy, incluido fallos de los juzgados en materia laboral, detalló el exlegislador.
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“Llegamos a la conclusión de que el personal directivo que tiene un origen político, que proviene de una disposición del gobierno de turno, no puede ser considerado como un personal de dependencia porque es considerado un personal en cargo de confianza; entonces hicimos ese estudio de que eso permitiría a la entidad ahorrar esas multimillonarias indemnizaciones que se han pagado”, puntualizó.
"A nuestro entender, no corresponde por estas cuestiones que te señalamos, salvo esas personas que están en cargo de dependencias y son promovidos a un cargo directivo; no tienen y no deben tener porque son cargos de confianza y, en consecuencia, al terminar el mandato del consejero, del director, tienen que salir como corresponde en cargos de esa naturaleza”, agregó.
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“Acá hay una industria de los juicios –sin hacer apelaciones personales–, acá están complicados jueces, abogados, fiscales, etcétera, porque los beneficios eran fabulosos, multimillonarios y entonces ese tipo de indemnizaciones no corresponden y hay que ponerle fin porque son en una situación legal totalmente errónea y de una relación de confianza”, enfatizó finalmente.