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Mauricio Benítez, universitario de 22 años, fue baleado en un vehículo familiar por guardias de Protek, el 15 de junio de 2017, en Puerto Botánico.
La Fiscalía tiene plazo hasta la medianoche de hoy para presentar acusación u otro requerimiento conclusivo. Sin embargo, las chicanas promovidas por la defensa, sumadas a la llamativa parsimonia de las autoridades para resolver las cuestiones planteadas, hacen que la causa se encuentre actualmente en una situación atípica.
Por un lado, la fiscala adjunta de delitos económicos, Alba Rocío Cantero, no resuelve la recusación presentada contra el fiscal que realizó la investigación, Yoan Paul López, pese a que el escrito fue presentado hace 15 días.
López fue recusado por el abogado Álvaro Arias, defensor del guardia Julián Benítez, con el mismo argumento rechazado anteriormente por la propia Corte Suprema de Justicia.
Llamativamente, se asignó temporalmente el caso a una fiscala con reposo, Sonia Pereira, quien se reintegró anteayer, dos días antes de la fecha fijada para la acusación, tiempo escaso para interiorizarse de los ocho tomos que conforman la carpeta fiscal.
Por otro lado, el expediente del caso lleva tres meses en la Corte Suprema de Justicia, que debe resolver las recusaciones presentadas contra los camaristas que deberían destrabar el caso.
Coincidencia o no, son varios y llamativos los obstáculos creados para "poner palo a la rueda" y no deja de llamar la atención esta suerte de "brazos caídos" de las autoridades máximas de la Corte y de la Fiscalía, precisamente en una etapa clave de la investigación.
En esta causa están procesados por homicidio doloso y violación a la ley de armas los guardias Julián Herenio Benítez y Oscar Tomás Blanco Ozuna y por violación a la ley de armas, el presidente de Protek, Luis Fretes, y el gerente Joaquín Castillo.