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La investigación del Ministerio Público confirmó la presencia de sustancias polusivas en al menos dos canales de efluentes que van desde la fábrica hasta el cauce hídrico. Leiva, por ello, imputó a Raimundo Pedrozo por el delito de procesamiento ilícito de desechos, que tiene una expectativa de pena de hasta cinco años de pena privativa de libertad o multa.
La empresa está en la localidad de Tebicuary, departamento del Guairá, y fue denunciada por pobladores de la zona de Itapé, distrito ubicado a unos 10 kilómetros río abajo. Los lugareños encontraron una extraña sustancia en el lecho del río Tebicuarymi y días después aparecieron peces muertos en la orilla.
La agente fiscal explicó que el Instituto Nacional de Tecnología y Normalización (INTA) detectó una sustancia ácida en las muestras que semanas atrás recogieron de los canales afluentes del ingenio azucarero. El contaminante elimina el oxígeno del agua y esto habría producido la mortandad de especies ictícolas.
Se sospecha que la industria aprovecha los días de intensa lluvia y la crecida del río para deshacerse de sus residuos sin darle el tratamiento correspondiente.
Semanas atrás, uno de los representantes de la planta azucarera, el ingeniero Julio Boggino, había afirmado que los residuos industriales eran procesados y que los efluentes que desembocan en el río se encontraban dentro de los rangos no contaminantes. Sin embargo, la fiscal Leiva afirmó que los desechos arrojados al Tebicuarymi claramente están fuera de los parámetros establecidos por la Secretaría del Ambiente (Seam). Intentamos contactar nuevamente con Boggino, pero no atendió nuestras llamadas.
La mortandad de peces en el Tebycuarimí no es nueva. Uno de los últimos casos data del 2015 y la comunidad ya había denunciado a la Azucarera Paraguaya SA, pero el caso fue archivado ya que la agente fiscal del Medio Ambiente de ese entonces, Karina Escurra, afirmó que no pudieron detectar agentes contaminantes en el agua. Recientemente, la citada fiscal fue trasladada a la sede del Ministerio Público de San Juan Nepomuceno.
Asimismo, la empresa azucarera ya fue sancionada por delitos ambientales, pero pudieron escapar del proceso gracias a la donación de una camioneta a la Fiscalía del Medio Ambiente de Villarrica. Fue cuando Karina Escurra estaba al frente de la Unidad Especializada en Delitos Ambientales.
En el 2012, la entonces agente fiscal procesó a los directivos de la fábrica por la contaminación del aire a consecuencia del uso de abonos orgánicos en una parcela de caña de azúcar, también en la zona del Itapé. Los empresarios reconocieron la comisión del hecho punible y fueron beneficiados con un criterio de oportunidad tras donar una camioneta tipo Mahindra.