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La denuncia fue presentada por el actual ministro del Interior, Francisco de Vargas, quien señaló que se hizo una licitación por G. 1.200 millones para refaccionar las comisarías del área metropolitana.
Aparte de Filizzola, también fueron imputados: Andrea Angélica Adle Román, Fernando Ángel María Sakoda Giménez, Juan Diego Fernández y Aníbal Muñoz.
Se contrató en diciembre de 2010 los servicios de la firma Todo Verde, a la que se pagó la totalidad del monto, cuando la Ley 1.535, de la administración financiera del Estado, señala que el pago se tiene que hacer en dos partes: el 50% al empezar las tareas y 50% al culminarlas.
"Posteriormente, al realizar las verificaciones de las distintas comisarías, con los trabajos correspondientes en las planillas, se observó que no se habían contemplado las necesidades reales y rubros extremadamente importantes, y en cuanto a la construcción de celdas y baños, el problema principal es que no se habían realizado planos que indiquen dónde se podían construir dichas", señala en una parte la imputación fiscal.
El fiscal Aldo Cantero solicitó la aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva para todos los imputados. Entre ellas se cita: prohibición de salida del país, presentarse a firmar el libro de comparecencia del juzgado dentro de los primeros cinco días de cada mes y residir en un lugar determinado, además de una caución real que será fijada por el juzgado competente.