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También fueron imputados la directora de Planificación, Laura Aida Gamarra; la nutricionista Gloria Betina Arroyo Vázquez; la jefa de Evaluación, María Araceli Cotillo Rolón; el director administrativo, Carlos Alberto Centurión González; la directora de la Unidad Operativa de Contrataciones, Nelly Justina Cano Florentín; la presidenta de la firma Granos y Aceites, Julia Carolina Velázquez Ayala; la vicepresidenta de dicha empresa, Karina Fabiola Gómez Fretes y la representante legal, Nancy Lucina Godoy Adorno.
Es en el marco de la campaña denominada “Un vaso de leche”, donde la finalidad de la misma no fue llevada a cabo. El monto total del contrato asciende a la suma de G. 25.000 millones, y la diferencia de precios determinada por la Contraloría General de la República es de G. 3.642.442.072.
Los antecedentes refieren que el 12 de diciembre de 2012, Orué Rolandi autorizó a la Dirección General de Administración y Finanzas a iniciar el procedimiento para el llamado a licitación por subasta a la baja electrónica. Este llamado fue ejecutado sin la realización de cálculos de proyección de insumos alimenticios que serían necesarios para el cumplimiento de los programas Abrazo y PAINAC, ya que el pedido presentado por la nutricionista de la Dirección de Protección y Promoción de Derechos de dicha Secretaría, Sandra Burgos, encargada de realizar el cálculo para los programas, fue sólo para la elaboración del menú alimentario que sería proporcionado a los niños durante el transcurso del año 2013.
Tras la declaración testifical de Burgos, se desprende que dicha dependencia realizó un pedido específico que no fue tenido en cuenta para la licitación, ya que no se adjudicaron los pedidos solicitados ni tampoco las cantidades especificadas. Refiere la imputación: “Tal es el caso de la leche de 200 cc que no fue solicitada, tampoco los cereales con sus respectivas cantidades y otros alimentos que sí estaban pero fueron cambiadas las cantidades. Esto afectó la elaboración del menú adecuado, tornando imposible seguir el plan nutricional adecuado para los niños beneficiarios de estos programas. El pedido era para un lapso de un año; sin embargo, el llamado a licitación fue realizado de forma plurianual, y el pedido confeccionado para un año fue modificado para dos. De esto surge el indicio que el pedido fue cambiado de tal manera que el contrato pueda extenderse por dos años, para así utilizar la totalidad de lo presupuestado para el rubro”.
El 27 de diciembre de 2012, Orué Rolandi designó como miembros del comité de evaluación de ofertas para el llamado de adquisición de productos alimenticios a Gamarra, Arroyo, Cotillo y Centurión. Si bien se presentaron cuatro empresas oferentes, Granos y Aceites SACIA fue adjudicada en 11 de los 12 lotes, presentando en la mayoría el precio más alto o siendo la única oferente.
Refiere el acta: “Las demás empresas presentaron ofertas más bajas y fueron descalificadas por no presentar toda la documentación solicitada en el pliego de bases y condiciones, quedando Granos y Aceites como la única oferente. Los productos entregados en la cesta básica, como el azúcar de la marca Lozano, no contaban con el registro sanitario del producto alimenticio correspondiente otorgado por el Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición. Según el informe, si el azúcar no contaba con dichas especificaciones técnicas, no sería apto para consumo humano. Esto debió haber descalificado a la empresa adjudicada por no cumplir con las especificaciones técnicas como lo hicieron con las demás empresas”.
Además, indica: “Granos y Aceites fue adjudicada con un contrato por un monto total de G. 25.698.250.040, presupuestado en el programa anual de contrataciones para los años 2013 y 2014 para el rubro. Esto hace surgir nuevamente un indicio de la existencia de una connivencia entre representantes de la firma adjudicada y Orué Rolandi, teniendo en cuenta que lo presupuestado es secreto y que las demás firmas oferentes estuvieron muy lejos de ese monto”.