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Becker ocupó la intendencia municipal por el periodo 2010-2015. La imputación fue presentada en horas de la tarde de ayer por el fiscal en lo criminal Héctor Garay, interino de la Unidad Penal número 1, de la Fiscalía zonal de Colonias Unidas, cuyo titular es el fiscal Alfredo Báez Pedotti, quien había iniciado la pesquisa.
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Por sorteo la causa fue derivada al Juzgado Penal de Garantías número 4, a cargo del juez Juan Carlos Bogarín Fatecha. Según fuentes del Ministerio Público, los hechos por los cuales fue imputado el ex intendente exceden el simple delito y configuran un crimen, con una expectativa de pena de hasta 10 años, y existe peligro de fuga, por lo que fue solicitada la prisión preventiva.
Este es el caso de la figura de “administración en provecho propio”, mientras que los otros delitos atribuidos, como malversación de fondos y exacción tienen expectativa de hasta cinco años de prisión.
Este es un segundo caso en que el ex intendente es procesado por irregularidades en su administración. Durante el periodo comprendido entre los años 2001-2006 fue procesado por malversación de fondos y destituido del cargo. Durante ese proceso Becker fue beneficiado con un procedimiento abreviado y no fue a prisión.
Durante el periodo 2010-2015 volvió a ocupar el cargo de intendente, periodo en el cual, de acuerdo con la investigación fiscal, incurrió en los delitos por los cuales ahora está imputado.
Una auditoría independiente ordenada por el actual intendente municipal, Gil Amarilla (ANR), detectó que Becker se autoadjudicó un préstamo superior a los G. 74 millones, con fondos municipales, siendo él el administrador comunal.
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Este auto préstamo quedó evidenciado con cuatro pagarés que llevan la firma del ex intendente Becker, encontrados entre los documentos auditados. También se le atribuye el uso irregular de recursos del Fonacide, del cual fueron transferidos unos G. 985.000.000 a otras cuentas para el uso discrecional en otros programas.
Asimismo, se le atribuye la violación a la ley de Contrataciones Públicas, ya que se recibieron aportes por G. 1.008.689.781, de los cuales solamente fueron llamados a licitación por G. 10.000.000, según se desprende de la auditoría independiente.
Se le atribuye además la apropiación de un aporte de la entidad binacional Yacyretá (EBY) consistente en G. 245.000.000, que eran para la construcción de pavimento tipo empedrado en el tramo comprendido desde la ruta graneros del Sur hasta el puesto de salud de Obligado. De este monto, sólo pudo justificar el uso de G. 55.965.000, siempre de acuerdo a la auditoría practicada a su administración.