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El abogado de nombre Claudio Roland Romero fue imputado por el hecho punible de coacción a una funcionaria de Tigo, de nombre Silvia Noelia Velázquez, a quien habría amenazado por mensajes de texto y vía telefónica. La fiscal que lo procesa es María Alejandra Savorgnan. El caso está en manos del juez penal de garantías N° 13, José Delmás, y la agente del Ministerio Público solicitó que se le apliquen medidas alternativas a la prisión.
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Romero es también conocido como “abogado mau”, ya que cuenta con antecedentes de producción de documentos de contenido falso, ante la inexistencia de título o certificado de estudios del mismo en la Corte Suprema de Justicia y en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción, de donde dice haber egresado.
El mismo fue detenido anoche en la vía pública por orden de la fiscala María Estefanía González, en el Shopping Pinedo, de San Lorenzo, y posteriormente –tras su declaración indagatoria– fue liberado.
La agente Savorgnan resolvió liberarlo pero horas después lo imputó por supuestas amenazas a dicha funcionaria, por registros telefónicos que tienen que ver con el atropello a la sede del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), entre el 31 de marzo y 1 de abril del año pasado, que terminó en el homicidio del joven dirigente Rodrigo Quintana.
Los registros complican al presidente de la República, Horacio Cartes, y su entorno, entre ellos el empresario tabacalero José Ortiz y el abogado de Yacyretá Luis Canillas, por insistentes comunicaciones desde Mburuvicha Róga con el entonces comandante de la Policía Nacional, Crio. Críspulo Sotelo.
El Ministerio Público siempre mostró resistencia a pedir 21 registros solicitados por la querella adhesiva para saber quién ordenó el atraco al local partidario, pero las pruebas se están diligenciando por orden de la Cámara de Apelaciones.
La fiscala Aguilar solicitó esos mismos registros en una causa de violencia familiar y alegó que su firma fue falsificada. Ahora salta que su esposo estuvo detrás de esos registros.
Al recuperar su libertad Romero acudió a ABC Color y admitió haber enviado mensajes a la mujer que estaría involucrada en el caso de los supuestos oficios supuestamente firmados por su esposa. Dijo tener pruebas de que la joven habría mentido al decir que recibió un oficio remitido por la agente.
Dijo que, por alguna razón no clara, el fiscal general Javier Díaz Verón, hoy de permiso, opera contra Aguilar. La misma estuvo como fiscal en J. Augusto Saldívar hasta octubre del año pasado y salió a desmentir haber firmado dichos documentos.
Respecto a los antecedentes en su contra, los minimizó diciendo que son de hace varios años atrás y que ya llegó a un acuerdo con los afectados.