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Bajac, Juan Carlos Ávila y Carlos Miguel Lesme fueron imputados por cohecho pasivo (coima). Estas tres personas habrían exigido el pago de US$ 50.000 para emitir una resolución a favor de la empresa Cal Agro SA en un litigio contra la Industria Nacional del Cemento (INC).
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El caso había sido denunciado por los propios dueños de la empresa, que acordaron una entrega vigilada del dinero con la Fiscalía, cayendo infraganti en ese momento Rafael Luis María Ramírez Doldán, intermediario del ministro de Corte en ese entonces.
Los fiscales solicitan como medidas la comparecencia de los imputados ante un juzgado de manera mensual, la prohibición de salir del país y una caución real de G. 500 millones.