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La administradora de la Sociedad Paraguaya de Infectología está acusada por presunta malversación de fondos
El investigador encontró elementos suficientes para sostener que la mujer, identificada como de Gloria Beatríz Figueredo Ortega, cometió presunta malversación de fondos con el desconocimiento de la comisión directiva de la sociedad.
En el domicilio de la mujer se encontraron talonarios de facturas y recibos en los cuáles se cobraban supuestas prestaciones de servicios realizados por la Sociedad. Sin embargo, estos supuestos servicios nada tenían que ver con fines académicos y científicos a los que está abocada esta sociedad.
Los cheques encontrados tenían la firma presumiblemente adulterada de la doctora Gloria Samudio, expresidenta de la Sociedad Paraguaya de Infectología, entre otros documentos. Además se hallaron discos duros externos en los que presumiblemente, estarían los balances contables y los extractos adulterados.
A raíz de las pruebas, el agente fiscal interino Yoan Paul López, de la Unidad Penal N° 2 de la Fiscalía Barrial n.° 8, presentó imputación contra Gloria Beatriz Figueredo Ortega (48), en calidad de autora en virtud del Art. 29, por la supuesta comisión de los hechos punibles de apropiación, Art. 160º inc. 2; lesión de confianza, Art. 192; producción de documentos no auténticos, Art. 246, todos del Código Penal.
Además, como medida cautelar, requirió la prisión preventiva de la imputada para impedir la obstrucción de la investigación.
Ayer, el representante fiscal, por orden del juez Hugo Sosa Pasmor, allanó las oficinas de la Sociedad Paraguaya de Infectología, ubicada en las calles Santa Ana y Roque Centurión Miranda de Asunción, y posteriormente realizó un segundo procedimiento en el domicilio de la imputada, ubicado en las calles Doctor Peña y Sacramento. El procedimiento se realizó luego de una denuncia presentada contra Figueredo, por los supuestos hechos punibles mencionados.
La Sociedad Paraguaya de Infectología es una entidad sin fines de lucro, dedicada exclusivamente a fines académicos y científicos.
La Fiscalía solicitó al juzgado un plazo de seis meses para la presentación de la acusación o cualquier otra conclusión de la causa penal.