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En ese sentido, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) informó que ha apoyado a los países de la región a crear una nota de sustento técnico para el código, que será presentado durante junio al Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA).
La nota que será presentada al Comité contiene un marco metodológico para identificar los puntos críticos, prácticas y actores claves vinculados con las pérdidas y desperdicios.
Esta propuesta fue debatida por parlamentarios, autoridades de gobierno, representantes del sector privado, la sociedad civil y la academia de dieciséis países de la región durante el III Diálogo Regional de pérdidas y desperdicios de alimentos.
"Que una gran parte de los alimentos que se producen en el mundo acaben en la basura, cuando más de 795 millones de personas aún sufren hambre en todo el planeta, es un verdadero crimen”, dijo Julio Berdegué durante el diálogo regional.
De ser acogida por la comunidad internacional, la propuesta servirá como base para construir un instrumento jurídico no vinculante -como el que existe para el uso de plaguicidas- que permitirá a los países acercarse a la meta 12.3 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que propone reducir a la mitad las pérdidas y desperdicios per cápita al año 2030.
El código de conducta permitirá coordinar la respuesta global mediante una visión compartida y estrategias de acción que involucren a todos los actores del sistema alimentario.
Identificando los puntos críticos en cada fase del ciclo de vida de los alimentos, los países podrán prevenir y reducir las pérdidas a lo largo de toda la cadena alimentaria. Al vincular estrategias locales, regionales y globales, servirá como una referencia para crear leyes y fomentar la cooperación entre las partes involucradas.
La FAO señala que desde 2015, varios países de la región han incorporado esta temática en sus agendas legislativas y en su institucionalidad. Durante el diálogo regional, Chile anunció la creación de un comité intersectorial sobre esta temática, con lo que se sumó a Argentina, Brasil, Costa Rica, Colombia, República Dominicana y Uruguay. Ecuador, Honduras y Paraguay ya han iniciado procesos similares.
En la actualidad hay 19 proyectos de ley relativos a las pérdidas y desperdicios que están siendo debatidos en los parlamentos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Perú y Uruguay.
Durante el diálogo regional, diez miembros del Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe participaron en una sesión especial de capacitación y definieron una hoja de ruta conjunta para impulsar estas iniciativas. “Se necesitan leyes que minimicen la pérdida de alimentos desde un enfoque multidimensional y preventivo, no sólo vinculadas a lo punitivo”, explicó la senadora mexicana Luisa María Calderón, coordinadora general del Frente Parlamentario contra el Hambre.
Según la FAO, uno de los retos pendientes es avanzar no sólo en la reducción sino también en la prevención de las pérdidas y desperdicios en todas las etapas de la cadena de suministro de alimentos.
El organismo multilateral señala asimismo que las pérdidas y desperdicios de alimentos tienen importantes implicaciones ambientales, económicas y sociales, e impactan la sostenibilidad de los sistemas alimentarios.
Mientras que en los países en desarrollo un 40% de las pérdidas ocurre en las etapas de poscosecha y procesamiento, en los países industrializados más del 40% de las pérdidas se produce en el comercio minorista y a nivel del consumidor.
Según la FAO, cada año se usan cerca de 1 400 millones de hectáreas de suelo para producir alimentos que no son consumidos, superficie mayor a la de Canadá e India en conjunto.