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Este caso denota una considerable diferencia con relación al tratamiento que se le da a los casos de políticos o personas que tiene ya sea mayor poder o dinero.
Si bien la Fiscalía y la Defensa Pública -por sus roles opuestos- obviamente difieren en el caso particular María Olga Santacruz, la mujer que desde 2017 enfrenta un proceso judicial, ambos coinciden que el caso fue una pérdida de tiempo y de esfuerzos para la acusada y la justicia, ya que esto no debió llegar a un juicio oral y público.
La defensora pública Liz Paola Mongelos, que llevó el caso de Santacruz indicó que la propia ley faculta al Ministerio Público a evitar este desgaste innecesario, en casos denominados como bagatelarios, donde el daño e ínfimo para la supuesta víctima.
De hecho, la abogada pública detalló que en este caso ni siquiera se llegó a comprobar la intención del robo y tampoco hubo una denuncia formal del afectado, hecho que de existir, si hubiese justificado llegar a la instancia de juicio oral.
Remarcó que su clienta fue la que más sintió el proceso, ya que es madre de 7 hijos y además de escasos recursos. Durante la mayor parte de este tiempo que le tocó litigar con medidas alternativas a la presión, tenía que venir mensualmente de Ciudad del Este a Fernando de la Mora a firmar el libro de asistencia al juzgado, ya que anteriormente vivía en un asentamiento en Lambaré del cual fue desalojada.
La mujer de hecho hoy tuvo que llevar a uno de sus hijos al juicio, ya que no tuvo con quién dejarlo, al igual que durante una de las audiencias, por ejemplo, tuvo que llevar a otro hijo con bronquitis, ya que debía presentarse si o si ante la justicia.
Mongelos valoró que al menos el caso “termina aquí con un sobreseimiento definitivo” y una vez que se terminen los trámites ante la justicia, su defendida quedará sin ningún recuerdo de este incidente en su prontuario.
La defensora pública también cuestionó el concepto de la Fiscalía de “interés general”, ya que este caso es un ejemplo de que no existe una definición clara de lo que implica ese término, cuestionando si 8 potes de champú es un caso que se enmarque en ese caso.
El Fiscal Adjunto Patricio Gaona, al que le tocó atender el caso en cierto proceso, concordó en ese aspecto con la Defensora Pública, al menos en la ambigüedad del concepto de “interés general”. Dijo que esa definición queda a criterio de los fiscales y en este caso lo consideraron así, ya que la mujer tenía antecedentes anteriores similares.
Defendió el trabajo que se hizo desde la Fiscalía, afirmando que ellos también plantearon alternativas para evitar el juicio oral, proponiendo a la defensa una conciliación, la suspensión condicional del procedimiento o un procedimiento abreviado, pero que su contraparte la que no aceptó.
No cuestionó ese hecho, ya que finalmente la defensora pública logró su pedido que era el sobreseimiento definitivo. En parte hizo un mea culpa afirmando que lo que realmente no debió darse es la prisión de dos meses de la mujer.
“Se tendría que en todo el país poder litigar libre y una vez que se rompa el principio de inocencia proceder a la prisión”, refirió, destacando que en nuestro país este principio, por lo general, es al revés.
También consideró que con “un poco más de tino, se podría haber buscado una salida más benigna”, pero que son cuestiones que muchas veces están a criterio del fiscal o del juez. No obstante, el caso denota kilométricas diferencias con casos políticos, ya que es indefectible comparar con casos como los del los exministros Enzo Cardozo, el senador Víctor Bogado, Javier Zacarías Irún, entre otros, todos acusados de enriquecimiento ilícito y cuyos procesos pelean por ser los más dilatados en la historia de nuestro país.