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Una investigación de este diario reveló manejos poco claros y el despilfarro de dinero que se vino dando en APA en los últimos años. A raíz de esto, la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (Dinapi) inició una auditoría, para la cual fue designado como fiscalizador Ricardo Gavilán, quien adelantó a periodistas de este medio, que recibió una nota de una asamblea realizada por las autoridades de ese organismo en que lo declaran “persona no grata”.
Al acudir a la sede de la organización, efectivamente le fue negado el ingreso, con el argumento de la resolución de la asamblea. En ese momento se inició una airada discusión entre Gavilán y el asesor jurídico de la institución, Rubén Ayala. “La asamblea del viernes 12 ha decidido que tu presencia no es bienvenida, entonces nosotros no te vamos a entregar nada porque estás recusado, tu resolución está recurrida”, señaló el abogado de la institución.
El interventor replicó que dicha asamblea se llevó a cabo sin que se cumplieran ciertos requisitos que exige la ley de derechos del autor y agregó que se trata de una fiscalización que ya ha sido ordenada por resolución y se encuentra vigente, por lo que para ser suspendida necesita de una medida cautelar. Además indicó que no puede ser recusado porque no pertenece a un organismo juzgador.
“El asesor jurídico de APA habla de secuestro de documentos, pero no existe ninguno que haya sido sustraído. Lo que pedimos son fotocopias autenticadas. No existe secuestro porque eso se da cuando los documentos originales son sustraídos de forma ilegal. Una vez más se nota la notoria ignorancia del asesor jurídico”, criticó el funcionario que no pudo ingresar a las oficinas.
Agregó que la sola resistencia a entregar los documentos “genera suspicacias entre todos los que piden el buen manejo de las cuentas de APA”.
En base a los primeros datos, en Dinapi ya se presentó un informe preliminar en el que se hace mención de serias irregularidades. “Recomendamos la apertura de un proceso de investigación, así como de un sumario administrativo que puede derivar en pena o sanción a APA”, sostuvo Ricardo Gavilán.
En este sentido, dijo que no se descarta comunicar el hecho al Ministerio Público. “Una vez que termine el proceso, si encontramos alguna documentación que compruebe comisión de algún hecho punible, por supuesto que comunicaremos a la Fiscalía”, advirtió.
Finalmente lamentó que “el dinero de los autores que esperan cada cuatrimestre para cobrar sus regalías se está gastando en exhorbitantes honorarios de abogados irresponsalbes e ignorantes de la ley”.