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Las primeras versiones del desalojo realizado la semana pasada en este distrito de Canindeyú, apuntaban a una orden del fiscal Lucrecio Cabrera que, un día antes se constituyó al lugar en el marco de una investigación sobre invasión de inmueble ajeno.
Santiago Piris, uno de los pobladores de la comunidad y hermano del líder Sabino Piris, explicó que no hubo desalojo porque no había ni una comitiva fiscal ese día, y que la quema de los ranchos precarios lo realizaron empleados de los empresarios brasileño, pero sin la presencia del grupo liderado Ramón Benítez, que ocupaban esas viviendas quemadas y que ahora se encuentra en Asunción denunciando el hecho.
“Primero, no hubo un desalojo. Esto pasó un día después de que el fiscal de Curuguaty haya visitado este lugar y fueron empleados de los empresarios los que vinieron a destruir, intentaron echar con pala cargadoras, por eso nosotros decidimos atajar porque de repente puede avanzar hacia donde nosotros estamos, ellos son otro grupo de nativos, vinieron hace como seis meses a instalarse acá”, reveló.
Aclaró en un momento que los ocupantes de estos ranchos ya habían abandonado el lugar un día antes de la quema, “ellos se fueron a la ciudad de Nueva Esperanza de donde fueron echados y remitidos a Asunción, al Indi. Luego, ellos no estuvieron cuando se quemaron esto (sic), esa es la realidad, no sabemos porque Ramón Benítez anda denunciando a cualquiera, siendo que no es ni líder”, señaló.
Además, se habla de que el grupo de Benítez habría cobrado al brasileño Juliano Barbián una suma de diez millones de guaraníes para abandonar el predio en donde se produjo la quema de los ranchos. Inclusive el propio fiscal Lucrecio Cabrera había manifestado que existe un acta de acuerdo sobre eso.
Funcionarios del instituto paraguayo del Indígena (INDI) llegaron esta mañana a la mencionada comunidad para verificar in situ la situación y relevar datos de lo que realmente pasó mediante testimonios de los ocupantes desde hace 20 años el lugar. “Acá surgieron varias versiones, algunos dijeron que era una comitiva fiscal-policial la que vino a quemar los ranchos y a echarle a ellos de sus lugares, sin embargo, nos encontramos de que no fue así, según los testimonios”, dijo el abogado Fabio Giménez del Indi.
En cuanto a las documentaciones de la propiedad de 500 hectáreas que serían de Nicolás Tutuni, un empresario de Salto del Guairá, quien las alquiló al colono brasileño Julián Barbián, “acá hay un problema de larga data, los brasileños tienen títulos y también hay una documentación en el Indert”, dijo.