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Según la acusación de los fiscales Aldo Cantero y Luis Piñánez, la empleada particular de Bogado, Gabriela Quintana, percibía primerament un salario de G. 1.300.000 en Diputados, en 2008.
Luego, Quintana fue nombrada como funcionaria permanente en 2010, cargo que desempeñó hasta setiembre de 2013, con un salario de G. 13.237.400.
En febrero de 2013 fue contratada en Itaipú y recibió una paga mensual indebida de G. 8.739.300. Tras el escándalo, la binacional rescindió el contrato y Quintana devolvió los G. 71 millones percibidos irregularmente.