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A través de un comunicado, Andrés Adán afirma junto con su hermano Antonio, que los efectivos policiales “no pueden catear y mucho menos incautar un automóvil sin una orden judicial, tampoco pueden arrestar a una persona por ‘resistencia’ sin siquiera permitirle buscar sus documentos como en todo momento lo quiso hacer mi hermano Antonio y no lo permitieron”.
Agrega que el proceder de los uniformados hoy detenidos e imputados “denota la escasísima preparación para el ejercicio en sus funciones”. Además sostiene que ambos fueron las “víctimas” por tratar de defender su dignidad y “derechos como ciudadanos de bien y evitar que nos planten evidencias como ser ‘drogas, armas u objetos robados’ como normalmente están acostumbrados este tipo de inescrupulosos policías”.
Sobre este punto, Andrés sostiene que hace esta afirmación con conocimiento de causa, “ya que en el ejercicio de mi profesión he visto como gente inocente fue a parar a la cárcel por no acceder a la extorsión y el chantaje por parte de polibandis. Finalmente pide a la ciudadanía que “dejen de justificar lo injustificable”.
El suboficial primero Sebastián Espínola, el suboficial primero Francisco Javier Giménez, el suboficial primero Julvio Cubas Cartamán, el oficial segundo Guillermo Rafael Torres, y el suboficial segundo Víctor Abel Vallejos fueron los que intervinieron en el procedimiento la noche del 10 de abril de este año, que involucró a Antonio Álvarez.
En un inesperado revés, el fiscal del caso, Emilio Fúster, fue apartado del caso cuando estaba a punto de imputar al hijo del camarista, y en su lugar fue designada la fiscala Stella Mary Cano, que dejó impune al demorado e imputó por coacción grave a cinco de los policías que participaron del procedimiento, actualmente recluidos en el Departamento Judiciales de la Policía.