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Esta mañana llegaron hasta ABC Color exfuncionarios de la empresa Security Service Tecnology (SST), firma que iba a obtener G. 140.000 millones en una licitación aparentemente amañada en IPS, y Watchman. El grupo estuvo además compuesto por miembros del Sindicato de Trabajadores de Seguridad del Paraguay (Sintasep).
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Lucio Bogado, uno de los exfuncionarios de SST, dijo que la empresa no pagaba lo que estaba estipulado por la ley, que era más de G. 3.300.000, y el monto abonado era de poco más de G. 2 millones.
"Ellos daban el uniforme y te descontaban todito; por ejemplo, camisa, pantalón, chaleco, cinturones, pito. Ellos cada mes te descontaban de tu sueldo", indicó, mientras que en el contrato con el IPS se pagaba a la empresa por todos esos elementos.
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Manifestó que hasta el carnet de Delitos Económicos les cobraban de G. 200 mil a G. 250 mil, mientras que si uno se acercaba a la Dirección de Delitos Económicos, el costo era nada más de G. 50 mil. "Imaginate un poco, les estaban estafando otra vez a los pobres compañeros", señaló.
Bogado acotó que nunca recibieron una liquidación legal a fin de mes, solo tenían el extracto de la tarjeta. Ayer, varios de ellos fueron despedidos por la empresa luego de la suspensión de la millonaria licitación en la previsional.
"Ojalá que nos den una solución el viceministro de Trabajo y las autoridades correspondientes, porque hay muchas autoridades metidas también en esto que se callan; hay mucho amiguismo. Varios políticos se meten, también la cabeza de IPS, los consejeros, por qué nunca sacaron a la luz esto", cuestionó.
Security Service Tecnology (SST) es propiedad de Óscar Chamorro Lafarja, hijo del ex diputado colorado Óscar Chamorro, quien se encontraba en la reunión junto con el exsenador Dionisio Amarilla, "su amigo", cuando intentaron sobornar a un periodista de ABC Color para que deje de publicar sobre la cuestionada licitación de IPS.
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A su vez, Joel Escobar, quien fue del sindicato de la empresa de seguridad Watchman, vinculada a Chamorro Lafarja, añadió que la misma situación se vivió ahí.
"Dictan cursos y a veces los carnets no llegan a los guardias de seguridad. Cuando yo estaba trabajando con la firma, te cobraban por el curso. Lo mínimo que te cobraban eran seis cuotas de G. 150.000", indicó. Subrayó que a los guardias les "descontaban hasta por respirar".