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“Uso obligatorio (de las pulseras o tobilleras electrónicas). No es que el juez o jueza va a decidir su uso. Si es que hay exclusión del hogar automáticamente se coloca el sistema. Le va a obligar al juez”, indicó Rios refiriéndose al proyecto de ley que presentaron hoy con su par, Enrique Mineur para ser estudiado a vuelta del receso parlamentario.
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“No estamos logrando ese objetivo (de evitar los feminicidios), entonces lo que planteamos es utilizar la tecnología para que exista un monitoreo permanente de parte de la Policía, y cuando ve que incumple esta medida judicial actúa inmediatamente para proteger a la mujer”, remarcó.
Afirmó basarse en el ejemplo de Uruguay, que según dijo, al poco tiempo de implementar esta misma medida, logró reducir a cero los casos de feminicidio. “Funciona bien y tenemos que hacer que funcione bien en Paraguay, porque de otra manera es imposible. La Policía no puede estar detrás de cada salvaje que va a atentar contra la vida de su pareja”, cuestionó.
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Con la obligatoriedad en estos casos además se evita que los propios estamentos de la justicia minimicen los casos de agresión a las mujeres. Mencionó -sin dar nombres ni mayores referencias- un caso de una mujer que solicitó al juzgado la exclusión del hogar de su marido por violencia, pero la propia magistrada trató de mediar para una conciliación.
“Como la mujer insistió en que ya no puede con la situación, la jueza ordena la exclusion del hogar, pero le autoriza a trabajar en el taller. ¿Donde funciona el taller? En la casa. Entonces la pobre mujer para salir o entrar de la casa tenía que pasar por el taller donde era agredida”, dijo.
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Sobre el aspecto presupuestario, dijo no tener cifras específicas, pero que Estado tiene una obligación de hacer cumplir en el caso de que se apruebe la modificación a la ley. “Se aprueba la ley y se cumple. Tampoco estamos hablando de millones de pulseritas que comprar, no tengo las estadísticas a mano pero la ley se cumple. Estamos hablando de proteger la vida de las personas”, indicó finalmente.