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“Se conformó un equipo de trabajo y se está trabajando en eso. Yo creo que no va a pasar mucho tiempo -tres a cuatro meses- hasta que se esté implementando el uso de esa tobillera”, indicó el viceministro de Justicia, Pascual Barrios, sobre esta ley que está vigente desde el año pasado, pero que aún no fue implementada por falta de lo principal, los dispositivos a ser usados.
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El mismo se excusó de dar los montos estimativos de cada aparato, que iría sujeto a personas con prisión domiciliaria o bien con medidas restrictivas de acercamiento a otras personas. Este dispositivo es importante para que “los pobladores, al menos los que caigan en desgracia y las respectivas víctimas, puedan ver resguardados sus derechos”, consideró.
No solamente será una medida más eficaz para controlar a delincuentes que están cumpliendo medidas fuera de las cárceles, sino que justamente desde el gobierno esperan que estos aparatos ayuden con el problema más de fondo, que es el hacinamiento en los centros penitenciarios del país.
“Va a ser de mucha utilidad porque tenemos muchos inconvenientes con la superpoblación de personas privadas de libertad. Imaginate tener 14.600 personas aproximadamente en 18 centros penitenciarios”, destacó el viceministro.
El mismo dijo que está a cargo de una comisión integrada por varias instituciones del Estado definir los aspectos previos a la implementación.