Los comunicadores Pablo Medina, Fausto Alcaraz y Elías Fernández Fleitas, todos ellos periodistas que trabajaban en el interior, fueron asesinados “en aparente represalia por sus denuncias sobre la connivencia entre el narcotráfico y funcionarios públicos”, señala un informe elaborado por la Comisión de Libertad de Prensa.
El documento, que será discutido en la 70ª asamblea general de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que se celebra en Santiago de Chile, destaca que en setiembre, el presidente Horacio Cartes promulgó la Ley de Libre Acceso Ciudadano a la Información Pública y Transparencia Gubernamental.
Esta norma, que entrará en vigencia en 2015, “obliga a las instituciones estatales y a los funcionarios a divulgar la información solicitada por cualquier ciudadano sobre salarios, viajes oficiales, contratos y otros datos que no estén definidos como secretos.
La ley establece que “ninguna disposición de la ley sancionada podrá ser entendida o utilizarse para negar, menoscabar o limitar la libertad de expresión, la libertad de prensa o la libertad de ejercicio del periodismo”, recoge la SIP. Además, en mayo se anunció que “el Gobierno creará a fin de año un portal en internet con toda la información relativa a las entidades públicas”, lo que incluye gastos, cantidad de personal y sueldos.
El documento de la SIP sobre Paraguay señala que “a través de investigaciones y denuncias de la prensa, se conocieron los cuantiosos e indebidos beneficios salariales de un selecto grupo de funcionarios públicos repartidos en varios poderes del Estado”. “Las redes sociales canalizaron el repudio ciudadano ante las revelaciones de corrupción, nepotismo, sobresueldos e inequidad salarial”.
Pero los hechos más graves se refieren a los recientes atentados mortales contra informadores en el país sudamericano. El primero de ellos se produjo el pasado 16 de mayo, cuando el periodista radiofónico Fausto Gabriel Alcaraz, de 28 años, fue asesinado a balazos por dos individuos que le seguían en motocicleta.
“Alcaraz había denunciado con nombres y apellidos a algunos narcotraficantes de la zona”, señala la SIP, que recuerda que “el periodista era conocido por sus polémicas acusaciones contra policías, fiscales, jueces y comerciantes de actuar en connivencia con la mafia del negocio de las drogas en la frontera con Brasil”.
Posteriormente, el 19 de junio, Elías Édgar Pantaleón Fernández Fleitas, de 43 años, murió tras recibir seis tiros de dos sicarios. El crimen ocurrió poco después que concluir el programa radiofónico “Ciudad de la furia”, a cargo de Fernández Fleitas, quien había recibido amenazas de muerte por denunciar irregularidades en temas relacionados con el Poder Judicial y el Ministerio Público.
Y esta misma semana, Pablo Medina, corresponsal de ABC Color en Curuguaty, departamento de Canindeyú, fue asesinado cuando investigaba temas relacionados al narcotráfico. El vehículo en que viajaba el periodista de 53 años fue interceptado por dos hombres con vestimenta de camuflaje que dispararon desde corta distancia.
A Medina le acompañaba Antonia Almada, de 19 años, quien falleció a causa de las heridas. El periodista había recibido amenaza por sus denuncias sobre narcotráfico, corrupción, tráfico de madera y deforestación en la zona, explica el informe de la SIP, que recuerda que su hermano, Salvador Medina, periodista radiofónico que también denunció el contrabando, fue asesinado en 2001.