Según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Estado admitirá su responsabilidad internacional por haber privado de libertad en varias instituciones públicas gubernamentales y organizaciones no gubernamentales del país a unos 70 menores de edad, reclusiones que en algunos casos duraron hasta cuatro años.
La Cancillería será la encargada el próximo lunes, ante autoridades nacionales y organizaciones de la sociedad civil, de asumir la responsabilidad del Estado y pedir disculpas, como se acordó en el año 2011, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró admisible la denuncia de las víctimas.
En ese momento el Estado paraguayo aceptó firmar un Acuerdo de Solución Amistosa con las víctimas, que contempla también el de indemnizaciones a los afectados, en su mayoría ahora adultos.
Las redadas fueron realizadas el 27, 28 y 29 de noviembre de 2000 y el 10 de enero de 2001 por orden de la entonces jueza del Menor Mercedes Brítez de Buzó, quien ahora es candidata al cargo de defensora del Pueblo.
El hecho produjo la separación de muchos niños de sus padres, incluso por períodos de hasta cuatro años, según Ricardo González, director de gabinete de la Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia (SNNA).
La exmagistrada y ahora candidata a la Defensoría del Pueblo declaró ayer al diario Última Hora que “no corresponde que el Estado pida disculpas”.
Según Brítez, se “actuó con base en denuncias ciudadanas y de los propios medios de comunicación”. “Denunciaron al Poder Judicial tergiversando los hechos”, aseveró la exjueza.