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“Con motivo de la celebración el 9 de agosto del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, Amnistía Internacional urge a las autoridades de Paraguay a demostrar, de manera concreta y fehaciente, su compromiso hacia los pueblos indígenas en el país”, dictó el documento.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció a favor de las comunidades Yakye Axa y Sawhoyamaxa en el 2005 y 2006 respectivamente, con respecto a la recuperación de sus tierras ancentrales.
Con respecto a la comunidad Yakye Axa, el gobierno paraguayo y el propietario de las tierras llegaron a un acuerdo en cuanto a las 11.300 hectáreas que corresponden al pueblo originario, según la sentencia de la corte.
Sin embargo, las 90 familias de Yakye Axa no pueden mudarse a sus tierras para acceder a ellas por la falta de construcción de caminos, que había formado parte del acuerdo. Según informes que recibió la organización, el retraso se justificó por las intensas lluvias en la zona y la falta de atención de autoridades relevantes para priorizar la ruta.
“Amnistía Internacional lamenta esta actitud y solicita al gobierno que haga todo lo que esté en sus manos para que Yakye Axa pueda ingresar a sus tierras a la brevedad”, detalló el documento.
Por otro lado, la comunidad Sawhoyamaxa, continúan viviendo al costado de la carretera entre Pozo Colorado y Concepción, con escaso acceso a servicios básicos. Hace unos meses las negociaciones entre el Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) y representantes de las empresas propietarias de las tierras reclamadas iniciaron negociaciones.
Sin embargo, las conversaciones se suspendieron con el cambio de gobierno, según el comunicado.
“No se conocen acciones concretas por parte de las nuevas autoridades de Paraguay para avanzar en el cumplimiento de la Sentencia de la Corte de 2006 en cuanto a la restitución de tierras”, sentenciaron.
Agregaron que esperan que “el cambio de autoridades no implique un nuevo retraso para abordar los reclamos de la comunidad” asegurando los fondos necesarios.
“Cualquier decisión sobre las tierras que serían adquiridas para ser entregadas a las comunidades, debe ser consultada con las personas afectadas a fin de obtener su consentimiento previo, libre e informado, conforme lo establecen los estándares internacionales a los que Paraguay se encuentra obligado”, agregaron.
Paraguay es el único país de la región que se enfrenta a tres sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por un conflicto de tierras ancestrales. Hasta ahora, no han dado cumplimiento completo a ninguna de ellas.