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“No tienen carácter probatorio en un proceso penal, debido a que no otorgan certeza de que la operación represente ganancias de un delito. No emiten juicio de valor alguno, solo sirven de orientación a un agente fiscal para investigar y corroborar informaciones pertinentes”, aseguró Enrique García respecto al reporte de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y el reporte de operaciones sospechosas que detectó que en agosto de 2017 García ya siendo contralor depositó unos G. 340 millones en efectivo en un mes.
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Esas declaraciones fueron brindadas como parte de su defensa en la segunda jornada del juicio político que se lleva a cabo en la Cámara de Senadores. Reiteró en varias ocasiones que no pueden ser considerados como parte de la acusación ni para una imputación porque son informaciones técnicas que no comprometen la responsabilidad penal.
Además, García dijo que estos datos son de carácter reservado y están protegidos por la Constitución Nacional, por lo cual el funcionario que haya brindado la información puede ser sometido a la justicia.
A continuación, sus abogados se encargaron de presentar su defensa en cada una de las acusaciones que pesan en su contra. El Dr. Alvaro Arias habló sobre el caso Ivesur y aseguró que no hubo ningún perjuicio patrimonial y el Contralor fue absuelto por los jueces de la Cámara de Apelaciones y la Corte Suprema de Justicia, por lo cual este no puede ser un causal de destitución.
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Sobre la acusación de mal desempeño en sus funciones, hizo referencia a que el caso data de un viaje realizado a España por el contralor y otros dos funcionarios. Según Arias, la fiscala Liliana Alcaraz investigó el caso y desestimó la denuncia al concluir que no se detectó ninguna irregularidad, porque los tres involucrados recibieron viáticos conforme a la ley y participaron de un congreso al cual asistieron otros 97 funcionarios públicos.
Por su parte, el Dr. Guillermo Weiler habló sobre la acusación por mal desempeño en sus funciones, por el desembolso de dinero para la realización de un manual de operaciones para la Contraloría que supuestamente no se concluyó.
Al respecto, dijo que la fiscala Alcaraz también comprobó que sí se culminó dicho manual y solicitó la desestimación de la denuncia presentada por un sindicato, por inexistencia del hecho.
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Asimismo, el abogado Rafael Gorostiaga habló sobre la acusación por concesión indebida de privilegios y aseguró que los nombramientos realizados en la Contraloría General en diciembre del 2016 fueron hechos en pleno uso del ejercicio de sus funciones y los beneficios no cayeron en allegados a García.
Asimismo, la abogada Paola Villalba afirmó que no se ofrecieron pruebas concretas respecto a la acusación por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero y los informes de Operaciones Sospechosas y de Seprelad fueron obtenidos de manera ilegal.
En su intervención final, el contralor concluyó que no existen causales para su destitución por juicio político. Arremetió contra la prensa y, al igual que sus abogados, dijo que toda la acusación se da como parte de una persecución política.
En cuanto al inmueble de US$ 2 millones ubicado en Boggiani y Alas Paraguayas, explicó que forma parte de la sociedad anónima "6 de Abril SA", de la cual él forma parte en un 50%, por lo tanto no se puede hablar que él posee esa suma de dinero de manera personal. Aseguró que toda sus acusaciones están basadas en grandes violaciones a la Constitución Nacional y arremetió contra los parlamentarios que impulsan su juicio.
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Finalmente, García solicitó que la Cámara de Senadores declare la inexistencia de pruebas en su contra y admita una serie de pruebas presentadas por su defensa esta mañana.