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Días atrás, ABC Color publicó la manera en la que funcionarios de la CGR, quienes deberían encargarse de auditar las actuaciones de las autoridades de la UNA, percibían además importantes sueldos como docentes de la Facultad de Economía de la señalada universidad.
Una de ellas es Gladys Fernández, titular de la Dirección de Economía de la CGR y docente en la FCE. Esta dirección de la Contraloría había sido la designada para realizar las auditorías en el Rectorado y en la Facultad de Veterinaria de la UNA.
Fernández remitió una carta en la que señala que es docente de Economía de la UNA desde hace 22 años y funcionaria de la CGR desde hace 23, cargos para los que concursó.
Si “llamativa” resulta la cantidad de funcionarios de la Contraloría que son profesores de la UNA, o de los profesionales graduados en Ciencias Económicas que forman parte del plantel de funcionarios de la CGR, ¿por qué no resulta igualmente “llamativa” que esa misma relación exista entre la Facultad de Ingeniería de la UNA y el MOPC? ¿O entre la de Medicina y el MSPyBS, los hospitales nacionales y o el IPS? ¿O el Poder Judicial y la Fiscalía con la Facultad de Derecho?, etc. ¿No será porque esas instituciones están relacionadas en razón de sus respectivos cometidos y se retroalimentan mutuamente?”, señala el documento enviado por Fernández.
Fernández afirma que la dirección a su cargo fue convocada en reiteradas ocasiones para realizar auditorías en momentos “difíciles” y que si el contralor interino, Roy Rodgers, no designó a la Dirección de Universidades para las auditorías en la UNA “debió haber tenido sobradas razones para ello y, seguramente, él las sabrá explicar en el momento que así crea oportuno”.
“La rápida y prematura difusión a la prensa de la designación de la Dirección General de Economía – prematura por no haber sido previamente notificada a la Institución interesada – hizo que no se tuviera en cuenta mi renuncia a ese encargo que, según su diario afirma en la edición digital de fecha 25 de los corrientes, no fue hecha “sin antes encomendarle el trabajo a personas de su (mi) confianza”, afirmación ésta absolutamente inexacta y que – supongo, por no ser así la verdad – no cuenta con testigos o documentos hábiles probatorios que certifiquen la veracidad de la misma y que, en caso necesario, puedan ser presentados ante quienes corresponda. Es cierto que inicialmente, y cumpliendo expresas instrucciones verbales del señor Contralor Interino, preparé la Resolución correspondiente con la inclusión de mi nombre y de funcionarias a mi cargo – que, efectivamente, son “de mi confianza”, pero solamente lo son por poseer amplia experiencia y estar altamente capacitadas para el trabajo y no “por otros motivos”, como parece ser la intención que subyace en esa afirmación – al producirse mi renuncia por consideraciones de carácter ético, quedó a cargo de la Superioridad la designación del nuevo equipo auditor, sin necesidad de la intervención mía ni de subalterno alguno y, por tanto, el haber conservado sin mi liderazgo el mismo equipo auditor inicialmente designado no fue una decisión mía, ni un pedido y, ni siquiera, una sugerencia, fue una decisión soberana de esa autoridad”, continúa diciendo la misiva.
Finaliza diciendo que Andrea Concepción Rodríguez Giménez, hija del ahora exdecano de la Facultad de Economía; Antonio Rodríguez, pasó a formar parte de su dirección debido a que la misma había solicitado -por motivos personales- ser trasladada de la Dirección de Administración Central y que si llegó a su dirección fue por decisión del anterior Contralor y “sin mediar solicitud de mi parte”.