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El 10 de noviembre del 2012 fueron detenidos 20 hombres, entre paraguayos, bolivianos, brasileños y un peruano, con un cargamento de 1.886 kilos de cocaína en el asentamiento indígena Guyrakeha de la colonia Guavirá, distrito de La Paloma, departamento de Canindeyú, en un operativo sin precedentes que pese a su resultado, fue materializado sin que los agentes de la Senad realizaran un solo disparo.
Casi cuatro años después los integrantes de esa banda de narcotraficantes fueron condenados por tenencia sin autorización, tráfico y comercialización de sustancias estupefacientes y asociación criminal, siendo el suboficial 1° Domingo Maldonado Brítez, quien prestaba servicio en la Jefatura Policial del departamento de Canindeyú, el que recibió la pena más elevada, de 30 años de encierro a cumplirla en la Penitenciaría de Tacumbú.
Los principales financistas de la organización criminal, el conocido narcotraficante Esequiel de Souza Gómez, fue condenado a 29 años de cárcel que deberá cumplir en la base de la Secretaría Nacional Antidrogas.
En la larga lista de condenados figuran numerosos pilotos, como los hermanos Marcos Antonio y Luis Felipe Roca Ali, de nacionalidad boliviana, condenados a 26 años y medio y 29 años de encierro respectivamente. El primero de ellos ya fue condenado en Bolivia por narcotráfico y escapó hacia nuestro país. Cuenta con antecedentes en Colombia, Estados Unidos y Perú, todos por narcotráfico. Formaba parte del cartel “Techo de Paja”, que proveía a la organización del conocido narco “Chapo” Guzmán.
Estos dos extranjeros fueron los que más se molestaron al conocer sus condenas y amenazaron de muerte a todo el tribunal de sentencia y a los fiscales, además de proferir todo tipo de insultos.
El único peruano de la banda, Juan Tenorio Rivera, deberá cumplir 29 años y medio de cárcel, ya que se comprobó que era uno de los encargados de mixturar la cocaína que llegaba al país, para luego ser reenviada a países de la región.
Los cabecillas de la banda también consiguieron que un indígena, Celso Ferreira Ordoñez, abandonara su comunidad de Puerto Adela, para convertirse en uno de los hombres armados responsables de la custodia de la banda. Fue condenado a 28 años de cárcel.
La investigación concluyó que estos hombres controlaban nada menos que el 25 por ciento de la cocaína en tránsito que ingresa al país y que brindaba logística a los grandes carteles del narcotráfico del Brasil. La droga confiscada se tradujo en una pérdida de 22.500.000 dólares para el narcotráfico en aquel entonces.