Friedmann cometió “grosería administrativa”, según Aguilera

El exlegislador denunció “grosera persecución” a opositores al gobernador Rodolfo Friedmann. Aseguró que hubo disminuciones salariales durante su administración, lo que fue desmentido por el jefe departamental.

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El representante de la Cancillería ante Itaipú y exdiputado colorado, Cándido Aguilera, denunció una “grosería admistrativa”, por parte de Rodolfo Friedmann al disminuir el salario de algunas personas. “Hay personas cuyos salarios fueron disminuidos a través de una persecución grosera. Se les ha disminuido su salario unilateralmente de G. 7.000.000 a G. 2.000.000”, detalló.

Fue al ser consultado sobre el atraso en el pago de salarios, a lo que respondió que una vez que se regularice la crisis en dicha Gobernación, “los bancos ya van a expedir sus cheques donde el gobernador Óscar Chávez no va a cometer la injusticia que hizo el corrupto y ladrón de Friedmann Alfaro. Hay muchos concejales que hace seis meses no se les paga su salario”, agregó.

A su turno, el gobernador electo, Rodolfo Friedmann, aseguró que no se ha hecho ningún tipo de recorte, excepto en el 2013 a las personas que dejaron de ser funcionarios de confianza, con beneficios que pasaron a otras personas. “Cuando asumí la Gobernación los cargos de confianza fueron cambiados y las bonificaciones y remuneraciones pasaron a las nuevas personas de confianza”, sostuvo.

Dijo que al contrario de lo afirmado por Aguilera “no se le despidió a nadie, hay 12 personas que no asisten actualmente a su lugar de trabajo y que acompañan a Óscar Chávez”.

Sobre el retraso en el pago aseguró que se trata de “un contubernio con el Ministerio de Hacienda”. Asegura que la cartera ejerce presión de esa manera. “Ellos no tienen por qué juzgar o retrasar los salarios. Si tienen la documentación legal así como dicen (los opositores) van directamente a los bancos y se procede a realizar el cambio de firmante”.

Dijo que si Hacienda permite que se abra una cuenta paralela “sería un rompimiento doble del Estado de derecho. Ahí hay que ver qué consecuencias legales tiene porque van a estar dilapidando los recursos del Estado”, dijo.

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