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La denuncia concreta es por presunto daño patrimonial al Estado paraguayo en contra de la Justicia Electoral y fue presentada por la bancada del Frente Guasu ante la Unidad de Delitos Económicos del Ministerio Público.
En la acusación piden a la Fiscalía que investigue presuntas matufias maniobradas en la Justicia Electoral con contratos de alquiler.
Según explican desde la bancada, el negociado consistía en multimillonarios contratos de alquiler, algunos inclusos con otras oficinas del propio Estado. En medio de este esquema se cometían irregularidades y posibles sobrefacturaciones gracias al "maquillaje" de los papeles. También se presume que se concretaban tragadas bajo la excusa de supuestas reparaciones y mantenimientos de los locales alquilados.
El Frente Guasu exige a la Fiscalía que investigue el hecho, pues considera que existen suficientes indicios de un hecho punible contra el patrimonio del Estado paraguayo por parte de autoridades de la Justicia Electoral. A su vez, tanto Leo Rubin como Mercedes Canese, ambos referentes de la agrupación política, insistieron en que se debe hacer un juicio político contra los tres ministros del TSJE.
En el oficio que presentaron, los integrantes del Frente Guasu adjuntaron documentos que, según afirman, prueban lo que refieren y que obtuvieron a partir de pedidos de informes que hicieron a la Justicia Electoral y a otras instituciones públicas.
Los informes que lograron conseguir fueron contrastados con documentos disponibles en el portal de Contrataciones Públicas.
No obstante, criticaron el hecho de que la Justicia Electoral no respondiera a parte de la información requerida en los pedidos, lo que aumenta las sospechas sobre la intención de ocultar los manejos dentro de la institución.
Como postura de bancada, el Frente Guasu fue contundente al afirmar que ya son numerosos los hechos de corrupción y prevaricato existentes en el TSJE, por lo que piden a la Fiscalía que actúe “de una vez por todas”.
Afirmaron que no descansarán en insistir con respecto a la concreción de un juicio político para el tribunal electoral.
Leo Rubin, excandidato a vicepresidente por la Alianza y miembro del Frente Guasu, sentenció por su parte que ya son numerosos los casos en los que resultó evidente la corrupción de la Justicia Electoral. Citó, como ejemplo, el caso de Miguel Iturburo, exjefe de Control de Calidad Informática del TSJE, quien admitió en un audio que tenía la posibilidad de cargar votos, y recordó el caso CDE, cuando el TSJE pasó por encima a la Junta Municipal esteña aceptando una renuncia que no les correspondía.
Leo lamentó que el Partido Colorado siga “haciendo lo que quiere” en el TSJE y repudió que se declare inamovibles a los ministros.
Sentenció que los integrantes del tribunal no solo deben renunciar, sino que se les tiene que hacer juicio político. “Yo creo que tienen que estar presos por el caso de CDE, por prevaricato y por el fraude de votos. Personas que tuercen la voluntad popular, que tapan a un caso como el de Iturburo, estamos ante una desfachatez total”, lamentó Rubin.
Sentenció también que tanto Honor Colorado como Colorado Añetete están “mano a mano”, en complicidad con respecto a este caso. “Claramente, cuando Ernesto Villamayor dice que ahora que Sandra McLeod renuncia ya no hay por qué intervenir y se llama a elecciones porque quieren poner a alguien que se reparta el botín, se nota para qué lado van”, criticó Leo Rubin.
Anunció que el PLRA planteará juicio político la próxima semana y que el Frente Guasu apoyará la iniciativa.
Insistió una vez más en el pedido de que el tribunal del TSJE tenga representación democrática y que sus integrantes no sean solo liberales o colorados.