Laíno preside la Plataforma de Estudios e Investigación de Conflictos Campesinos (PEICC), impulsora de una investigación sobre la masacre alternativa a la promovida por la Fiscalía, que tildó de “unidireccional”, según un comunicado difundido anoche por la Articulación por Curuguaty.
“La investigación es unidireccional, porque solo investigó las muertes de los policías, pero no las de los campesinos. La Fiscalía no busca la verdad, sino la condena de los campesinos”, declaró Laíno en la sesión del juicio de este martes. En este proceso se juzga en Asunción a once campesinos acusados de la muerte de seis policías en la masacre, que ocurrió durante un desalojo policial de un grupo de labriegos que ocupaban una finca para pedir que formara parte de la reforma agraria.
No hay ninguna persona imputada por la muerte de once campesinos durante la masacre. Laíno acusó a la Fiscalía de hacer desaparecer varias pruebas del proceso, como las placas radiográficas efectuadas a los cadáveres tras la masacre, las filmaciones de los helicópteros que sobrevolaron el lugar de los hechos, o los casquillos de las balas disparadas.
El testigo explicó que los casquillos recolectados pertenecían a balas de grueso calibre, que fueron las que dieron muerte a los policías, según el informe del médico forense Floriano Irala, que examinó a los cadáveres. La defensa solicitó que Irala fuese citado de nuevo a declarar en un careo con el médico Pablo Lemir, otro de los forenses intervinientes, por las supuestas contradicciones entre ambos testimonios, pero el tribunal se opuso.
Los jueces también rechazaron el pedido de los defensores de practicar una necropsia tanto a los campesinos como a los policías fallecidos, para dictaminar de forma definitiva las causas de sus muertes. Laíno aludió además a la represión posterior a la masacre, cuando los campesinos Vidal Vega y Hermenegildo Garcete, ambos pobladores de una zona cercana al lugar de los hechos, fueron asesinados por varios garrotazos y disparos en la cabeza.
El político señaló que la zona, en el departamento de Canindeyú, está controlada por el narcotráfico, dado que es una de las principales áreas de producción de marihuana del país. Incluso, declaró que fue hallada una plantación de 40 hectáreas de marihuana en el latifundio de la empresa Campos Morombí, perteneciente a la familia de Blas Riquelme, un histórico dirigente político durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989).
La familia Riquelme sostiene que es la propietaria de las tierras donde ocurrió la masacre, conocidas como Marina Kue, pero Laíno declaró que “nunca apareció el título de propiedad de estas tierras, porque no existe”, dado que se trata de “tierras del Estado”. Además, aludió a la relación entre la familia Riquelme y el fiscal que dirigió la investigación por la masacre, Jalil Rachid, hoy viceministro de Seguridad de Paraguay. “El padre de Rachid fue dirigente del Partido Colorado, Riquelme también, ambos fueron senadores y amigos, sus familiares se tratan mutuamente”, dijo.
Laíno agregó que tanto el Partido Colorado, a través del diputado Óscar Tuma, como el Partido Liberal, con Efraín Alegre, habían solicitado al Parlamento el desalojo de la finca de Marina Cue meses antes de la masacre y afirmó que hubo un pacto entre los dos partidos mayoritarios del país que desencadenó la operación. La masacre sirvió de base al entonces opositor y hoy gobernante Partido Colorado para impulsar la destitución de Lugo en un juicio político tildado de irregular por organismos internacionales. Tras la destitución de Lugo, asumió el poder su hasta entonces vicepresidente, Federico Franco, del Partido Liberal.