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La fiscala María Estefanía González solicitó el rechazo de reposición y apelación en subsidio planteado por la despachante de aduanas Emilia Canale Gamarra, una de las procesadas por contrabando y asociación criminal en el caso que involucra el Frigorífico Concepción. El juez penal de garantías Humberto Otazú estudia la viabilidad de la cuestión planteada.
Canale -a través de sus abogados Jorge Bogarín y Bettina Legal- recurrió la resolución (providencia) firmada el 21 de mayo pasado, por la cual el magistrado admitió la imputación y la convocó para la audiencia de imposición de medidas.
La defensa sostiene que la imputación no reúne los requisitos necesarios para ser admitida como válida, porque no describe en qué consistió la conducta delictiva desplegada por la despachante.
González sostiene que tal afirmación es errónea, debido a que en ocasión de solicitar su procesamiento, realiza un relato cronológico de lo ocurrido el 2 de mayo del 2018 en Concepción, “concretamente el ingreso ilegal de carnes importadas por Frigorífico Concepción SA, done intervinieron varios funcionarios de la Dirección General de Aduanas, funcionarios del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), cada uno en cumplimiento de sus funciones en el cual se consigna el tiempo, lugar, fecha, hora y las intervenciones de cada una de las personas imputadas actualmente y la intervención en el proceso de importación de la imputada Emilia Canale Gamarra”.
“Por otro lado, es menester mencionar que a esta altura del proceso no es factible determinar con certeza la responsabilidad de cada uno de los imputados pues nos encontramos en una etapa incipiente de la investigación”, agrega la agente fiscal, que destaca que la providencia recurrida no le agravia a la imputada.
También hoy, en la misma causa el juez José Agustín Delmás -interino de Otazú- decretó arresto domiciliario de los aduaneros Martín Benítez Ruiz Díaz y Rafael Nayar Acuña y del funcionario del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), Pedro Jara Pérez.
Fue durante una audiencia de imposición de medidas realizada esta mañana, ocasión en que el magistrado impuso una fianza personal de G. 100 millones a los abogados defensores y estableció un plazo de 20 días para cubrir dicho monto con bienes suficientes.
Idéntica decisión tomó anteriormente el magistrado Otazú con relación a los aduaneros Adan Di Giacomo Giménez, Cecilio Núñez Saldívar, Óscar Alberto Prieto González, Epifanio Godoy Mendoza, Francisco Ruiz Díaz Araujo y Enrique Javier Céspedes Gómez, todos procesados por contrabando y producción de documentos de contenido falso.
En esta causa también han sido imputados por contrabando el empresario brasileño Jair Antonio de Lima y César Augusto Dos Santos Toledo, dueño y gerente del frigorífico Concepción, respectivamente.
Este proceso tiene su origen en un procedimiento realizado el 2 de mayo pasado, a las 23:00, en el puesto de control policial Nº 8, de Concepción, kilómetro 4 ruta General Rafael Franco, agentes policiales del Departamento de Lucha contra el Abigeato.
En la ocasión, los intervinientes verificaron seis vehículos refrigerados, cuyos choferes exhibieron documentos de supuestos despachos aduaneros de Pedro Juan Caballero, departamento de Amambay, sin sello ni firma de los encargados de dicha oficina aduanera ni de Senacsa, lo cual derivó en la incautación de la carga.
En la ocasión, también fueron imputados los choferes Ednor Mauricio Fernández Delmondes, Gerson Andrés Wasen, Lindiomar Lima De Souza, Jader Pires de Andrade Flipo, todos brasileños, y los paraguayos Armando Ramón Gauto González, Carlos Ramón Mendoza y César Augusto Dos Santos Toledo, posteriormente procesados por contrabando y producción de documentos no auténticos. El abogado de Jair de Lima, Pedro Ovelar, presentó varios incidentes y pidió la nulidad de la imputación presentada por la fiscala González.