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Los jueces Manuel Aguirre y Fabián Weisensee votaron para aplicar la pena de dos años con suspensión de la condena y con un periodo de prueba de cinco años. Entre las reglas de conducta impuesta se encuentra la reparación social.
Ambos magistrados concluyeron que en el juicio se comprobó el hecho punible de cohecho pasivo, porque en agosto del 2014 el entonces fiscal Rubén Villalba recibió un soborno de G. 43.500.000 para favorecer a un abogado en una causa penal. Sin embargo, para Aguirre y Weisensee no se demostró que él haya solicitado el dinero o la coima, por lo que no se configura el delito de cohecho pasivo agravado, explicó el fiscal Luis Piñanez.
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En cambio, la presidenta del tribunal de sentencia, Laura Ocampos, consideró que sí se comprobó el cohecho pasivo agravado. No solo es un soborno, sino que fue una coima y votó por una condena de tres años de prisión y una multa de G. 360 millones.
El Ministerio Público había solicitado una pena de cuatro años y 6 meses.