Disputa legal por tripolifosfato

La Fiscalía dictaminó que empresas no pueden importar productos que contengan tripolifosfato de sodio, porque es perjudicial para el ambiente. La decisión final la tendrá la Sala Constitucional de la Corte.

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Meses atrás hubo problemas por la importación de productos con tripolifosfato, como ser detergentes y jabones, por lo que la cuestión llegó a los estrados judiciales.

Los abogados Juan Verón y Julio Fernández Villalba solicitaron que a la Corte que declare inconstitucional la ley 4397/11 “que prohíbe el uso de tripolifosfato de sodio en productos dominosanitarios nacionales y/o extranjeros en todo el territorio nacional”.

Los abogados, en representación de empresas privadas, consideran que la ley atenta contra el derecho de libre concurrencia de mercados y porque desalienta o aniquila la importación de productos domisanitarios.

Los abogados representan a las empresas: A.J. “Calidad ante todo”, Montana S.A., A.C. Importaciones, Gloria, Agrofield SRL, Empresa Distribuidora Especializada S.A. (Edesa) y Unilever.

La Sala Constitucional de la Corte pidió al Ministerio Público que dictamine sobre lo pedido por las empresas en cuestión. El fiscal adjunto Edgar Moreno recomendó a la máxima instancia judicial que rechace el pedido de las empresas, informaron este sábado desde la Fiscalia General.

El fiscal adjunto consideró que el interés público debe prevalecer sobre el particular. Acotó que un medio ambiente saludable es un Derecho Humano de Tercera Generación.

El fiscal adjunto manifestó que el tripolifosfato de sodio es altamente contaminante, según un estudio de la Secretaría del Ambiente (SEAM) que se hizo en el 2009.

El estudio de la SEAM dice: “Al estado crítico de eutrofización de varios ríos, lagos y reservorios, particularmente en aquellos situados en el área de influencia de grandes aglomeraciones urbanas.

El estudio ambiental acotó: “La utilización de estos detergentes aportan fósforo al medio ambiente, afectando negativamente los ecosistemas naturales, los abastecimientos de agua y demás usos”.

Moreno recordó la situación crítica de los cursos hídricos en Paraguay, en especial la del lago Ypacaraí (contaminado), por lo que dictaminó el rechazo.

La Sala Constitucional de la Corte tiene la última palabra, de rechazar o aceptarla importación de los tan cuestionados productos.

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