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El domingo pasado el fiscal Rachid acusó a 10 campesinos por el delito de tentativa de homicidio doloso y a otros cuatro por hechos relacionados a la matanza. Todo esto pese a que fallecieron seis policías y 11 civiles
También solicitó al juzgado el sobreseimiento definitivo de tres procesados, ya que la investigación probó que nada tuvieron que ver con la matanza.
“Nos sorprende la acusación por la vía de la tentativa de homicidio, porque primero hay un resultado de muerte y eso es innegable; en segundo lugar, la tentativa se acaba cuando existe un resultado”, explicó el abogado defensor Vicente Morales. Insistió en que reconoce que hubo 17 muertes por una balacera, pero que el fiscal no indagó a fondo el caso.
“Con esta conclusión, el fiscal dice que no tiene pruebas para acusar por homicidio. Lo más grave de todo esto, los tiene privado de libertad a los procesados, cuando está claro que no tiene pruebas, por eso modifica su calificación de homicidio por tentativa”, refirió.
Cuestionó que el representante del Ministerio Público solo centró su investigación en la muerte de los seis policías y obvió en sus averiguaciones a los 11 campesinos abatidos. Acotó que su opinión es que tanto uniformados como civiles fueron emboscados por terceros.
Refirió que en la propia acusación, el fiscal admitió que hubo mujeres y niños en el lugar del enfrentamiento, lo que demuestra que no hubo emboscada a los policías de parte de los acusados.
Agregó que los campesinos –si querían matar a policías– no iban a exponer a sus mujeres y niños en semejante masacre. Precisó que el hecho de tomar solo el testimonio de policías, no brindar argumentos a la acusación de la Fiscalía.
Se preguntó qué pasó con la filmación que hizo el helicóptero de la Policía Nacional que sobrevoló el lugar del enfrentamiento. Cuestionó que el fiscal Rachid nunca haya citado a declarar al exdiputado Julio Colmán, quien al día siguiente recibió de los campesinos, varias vainillas de proyectiles que se encontraron en el lugar de los hechos.
También criticó que la Policía no acordonó el lugar del enfrentamiento y que lo abandonó el mismo día de la masacre, dejando las evidencias a merced de terceros.
Manifestó finalmente que están preparados como para afrontar un juicio oral y público “mañana mismo”, para confirmar la inocencia de sus defendidos.
En la mañana del 15 de junio pasado, centenares de policías ingresaron a Marina Cué, al establecimiento Campos Morombí, a fin de realizar un desalojo.
Un grupo de avanzada policial fue emboscado por los ocupantes, con quienes se enfrentaron a balazos, según la conclusión del fiscal Rachid. Pese a la cantidad de muertos, el agente solo acusó a por tentativa de homicidio.