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En febrero pasado, unas cien familias campesinas fueron desalojadas durante un procedimiento realizado por una comitiva fiscal-policial en el distrito de Tembiaporá. Durante el operativo fueron destruidas numerosas viviendas precarias.
El desalojo se realizó en un inmueble de 2.500 hectáreas ubicado entre los distritos de Raúl Arsenio Oviedo, Tembiaporá y Nueva Toledo, todos del departamento de Caaguazú. Un colono había presentado una denuncia ante el Ministerio Público, planteando que una extensión de la propiedad le pertenecía.
El senador liberal Luis Wagner había denunciando en el pleno de la Comisión Permanente del Congreso que el fiscal Alfidio González había impulsado la expulsión de los campesinos y la destrucción de sus viviendas en tierras que, según el legislador, en realidad pertenecen al Indert.
Ante esta situación, el Fiscal General del Estado fue citado por el Senado para ser consultado al respecto. La reunión tuvo lugar este lunes, según un informe de la oficina de prensa del Ministerio Público. “Estuvimos hablando sobre la posibilidad de ir aclarando cada caso particular que se pueda presentar”, señaló Javier Díaz Verón a su salida de la reunión.
Díaz Verón se reunió con el titular del Congreso, Blas Llano. Estuvieron presentes además líderes de las diferentes bancadas y acompañaron al Fiscal General, los fiscales adjuntos Federico Espinoza, Alejo Vera y Augusto Salas.
Señaló que además se ofreció la posibilidad de que alguna comisión de la Cámara Alta acompañe los procedimientos de rigor a modo de “transparentar aún más el proceso”. Aseguró que en procedimientos como el señalado, las Direcciones de Derechos Humanos tanto de la Policía como del Ministerio Público participan directamente. “En el ánimo de la Fiscalía General siempre está encontrar la solución. A nosotros nos corresponde establecer la seguridad jurídica y el cumplimiento de la Ley y seguimos trabajando sobre esos temas”, agregó.
El Fiscal General explicó además que el Ministerio Público no realiza desalojos. “Lo que se hace es lo siguiente: hay una denuncia de invasión de inmueble ajeno, delito tipificado en el Código Penal- a partir de ahí- el fiscal realiza una serie de diligencias a los efectos de determinar si estamos ante un delito de invasión de inmueble o no, y en su momento, cuando se llega al estadio procesal oportuno, se realiza la actuación fiscal a los efectos de la aprehensión de las personas, que en este caso son los que cometieron el ilícito”, puntualizó.
Afirmó además que teniendo en cuenta la denuncia presentada por los senadores y la carpeta fiscal, el Ministerio Público analizará si pudo haber existido o no algún error. “Si encontramos que hubo errores en el trabajo fiscal, el Ministerio Público tiene los mecanismos legales para realizar un sumario y los procedimientos pertinentes”, sentenció.