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El litigio por las 5.000 hectáreas en la zona de Corpus Christi, Canindeyú, data de muchos años atrás. Comenzó entre la firma Americana S.A. contra los indígenas Ava Guaraní que vivían allí. En el 2001, la jueza Silvia Ovelar emitió un interdicto de posesión y obra nueva a favor de la comunidad indígena.
Sin embargo, a 13 años de aquel fallo, la magistrada ahora favoreció con un interdicto de posesión a la empresa Laguna S.A., según relató uno de los asesores jurídicos de la firma, Luis Talavera, en contacto con radio La Unión. La empresa citada es propiedad de un brasileño que vive en San Paulo y maneja sus negocios a través de administradores locales.
El interdicto es un trámite sencillo y sumario para retener una propiedad a favor de uno u otro afectado en el litigio de forma provisoria y “obra nueva” es para detener obras ajenas que afecten la propiedad.
En el marco de ese último fallo, la comunidad fue atropellada, fueron quemadas las casas, las ropas y profanados los elementos rituales de los nativos, que mientras todo eso ocurría permanecieron escondidos en el monte.
La semana pasada, ABC Color -haciendo averiguaciones sobre el caso- contactó con la jueza para consultarle acerca de los detalles pero la respuesta fue que no podía dar datos por teléfono, y que además para ello necesitaba una orden superior. Este lunes nuevamente se intentó un contacto con la magistrada pero no atendió a los llamados.
Ayer 15 de junio, cuando se cumplieron dos años de la masacre de Curuguaty, alrededor de las cinco de la mañana ocurrió un tiroteo entre guardias de la empresa Leo S.A., que trabaja para Laguna, y los indígenas.
Una de las mujeres de la comunidad, Valeria González, relató los terribles momentos que vivieron. Dijo que llegaron y comenzaron a disparar, incluso contra niños y mujeres, aprovechando que algunos hombres estaban en el monte.
Contó que a ella y a otros nativos los tuvieron boca abajo por unas dos horas, tratando de obligarlos a que digan quiénes son sus líderes. La mujer, quien está embarazada, negó que ellos tuvieran armas de fuego en la comunidad.
Para el titular del Indi, Jorge Servín, fue un escenario de terror “armado” por los guardias para inculpar a los nativos y dijo que el Indi permanecerá del lado de los nativos.
Luis Talavera dijo que este problema comenzó el 8 de abril cuando los indígenas entraron a las tierras de la firma, que se dedica a la ganadería y al cultivo de soja. Contó que hicieron una denuncia ante la Fiscalía de Salto, que intimó a indígenas para que salieran, pero estos no hicieron caso.
Aseguró que tiene los documentos que muestran que informaron de todo, paso a paso, tanto al Indi como al comandante de la Policía Nacional y al propio ministro del Interior, pero que nunca obtuvieron respuesta.
Luego avisaron que “había peligro de enfrentamiento” porque los indígenas avanzaban hacia la sede de la firma, pero tampoco tuvieron respuesta, indicó. “Nunca hubo voluntad ni respuesta a nuestro pedido de mediación”, dijo Talavera.