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Un total de 11 personas están siendo procesadas en la diligencia, tras lo ocurrido en el 15 de junio del año 2012 en Campos Morombí, en la ciudad de Curuguaty del departamento de Canindeyú, por la muerte 17 personas, entre ellas agentes policiales y campesinos.
La defensa de los acusados expuso un análisis jurídico sobre la calificación y la participación de los procesados. Estos habrían manifestado, según un informe del Ministerio Público, en forma incoherente y alternando sus propias teorías, sobre que no se pudo comprobar efectivamente que los labriegos estuvieron y fueron detenidos en el sitio, además que no existió delito ni crimen.
A pesar de ello, este miércoles, habrían reconocido que varios de los acusados; entre ellos, Luis Olmedo, Felipe Balmori, Lucia Agüero y el propio líder del grupo Rubén Villalba, estuvieron en el sitio en cuestión. Con esto las defensas técnicas, sin criterio uniforme y con manifestaciones ofensivas habrían insistido en contradecir la acusación de la Fiscalía.
Al inicio de la audiencia oral, la defensa sostenía que desde el helicóptero policial pudieron haberse realizado los disparos de modo a dar una señal al pelotón en tierra, para que estos comiencen a efectuar disparos de arma de fuego. Además, los disparos fueron en forma frontal entre policías.
Sin embargo, la defensa en sus alegatos finales indica que los disparos posiblemente fueron provocados por empleados de la estancia, o, ya sea, por supuestos narcotraficantes o eventuales francotiradores instalados en la zona. La defensa ratificó que los acusados pudieron incurrir en delito, admitiendo la existencia de un hecho punible como posible violación de domicilio, pero demeritándolo como invasión.
Por su parte los agentes fiscales sostienen la tesitura de que los acontecimientos se registraron en la propiedad de “Campos Morombí”, ante la contraposición de la defensa, que reivindica que la ocupación en una de las fincas es legítima y que estuvo en proceso de legitimización.
En la causa representan al Ministerio Público los agentes fiscales Liliana Alcaraz, Nelson Ruiz y Leonardi Guerrero, quienes detallaron cada tesitura del caso en sus alegatos finales. El Tribunal de Sentencia está integrado los magistrados Ramón Trinidad Zelaya, Manuel Silvero y Benito González.
La representación fiscal solicitó 30 años de pena privativa de libertad con una medida de seguridad de 10 años para Rubén Villalba, considerado el principal líder de los labriegos invasores. Sostiene que se conformó una asociación criminal con financiamiento propio, estructurado y logístico.
También, se solicitó la pena de 25 años de cárcel para Luis Olmedo Paredes, y 20 años de cárcel para Arnaldo Quintana y Néstor Castro Benítez. Para Felipe Benítez Balmori, Adalberto Castro Benítez, Alcides Ramón Ramírez y Juan Carlos Tilleria Cáceres, la Fiscalía pidió 5 años de pena privativa de libertad. En tanto, para María Fany Olmedo, María Dolores López Peralta y Lucia Agüero, se solicitó 8 años de prisión.