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Sanabria contó a ABC Cardinal el desembolso en materia de propaganda y publicidad era “un poco mayor” en la Municipalidad esteña con relación a lo que se utiliza en otras instituciones. “Se pagaba esa cantidad para mantener la tendencia de que los medios tengan una visión favorable a la Municipalidad, a la jefa comunal y a su familia. Todo el dinero era destinado a eso”, relató. En otro momento mencionó que fue el propio Javier Zacarías Irún quien ordenó destruir documentos de la comuna.
Lista de pago a periodistas y medios 1
Lista de pago a periodistas y medios 2
Sin embargo, dice que había un porcentaje destinado a “publicaciones normales”, como ordenanzas o avisos referentes a la comuna, aunque “había montos que no podían ser justificados ante cualquier mecanismo de control”.
Refiere que se utilizaron empresas familiares suyas para justificar el pago a periodistas por la publicidad favorable. “Se pagaban publicidades encubiertas a periodistas, cuestiones que no tienen nada que ver con el rubro, como transmisión de eventos políticos, cartelería que no tenían que ver con el municipio”, sostiene y usó como ejemplo los carteles que fueron instalados para promocionar la campaña de Santiago Peña.
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“Para alquiler de radios no podía usarse nombres de personas muy conocidas, entonces se buscaba una productora como la que tenía mi cuñado, que puso su firma”, explica. Emisoras como radio Parque o Itá Pirú fueron contratadas por la Municipalidad.
Relató que la orden de contratar periodistas o pautar en medios de prensa las hacía él mismo, por instrucciones de Javier Zacarías Irún. Los métodos de pago diferían entre giros bancarios, depósitos o directamente por giros a través de empresas de telefonía celular.
Respecto a la lista divulgada de comunicadores que fueron beneficiados con dinero de la Municipalidad, aclaró que la periodista Daniela Candia, quien figura en la nómina, “no tiene nada que ver con el esquema. Hizo un trabajo de divulgación, pero no tiene nada que ver con los Zacarías”.
Sostuvo que si bien la intendenta era Sandra McLeod, "el 95% del funcionamiento de la institución estaba a cargo de Javier Zacarías Irún. Evidentemente mucha gente denunció eso en muchas ocasiones”.
Recordó que el monto más elevado pagado a un comunicador por un mes de trabajo fue de G. 10.000.000, pero existen montos más elevados pagados por auspicio de entre G. 20 millones y G. 30 millones a programas radiales y hasta se llegó a desembolsar la suma de G. 270 millones a un canal de televisión de cobertura nacional, por publicidad, acuerdos que califica como “absolutamente normales” porque no eran contratados directamente por la Municipalidad.
Afirmó que Javier Zacarías Irún “hacía permanentemente oficina ahí (en la Municipalidad). Disminuyó (su presencia) cuando asumió la Senaduría. Ordenaba gastos, ordenaba pagos. Él era intendente de facto”.
Sanabria no se animó a hablar de un posible monto de dinero como daño patrimonial por pago de publicidad y propaganda. “Es muy difícil determinar (el daño patrimonial); hay que separar lo legal de lo ilegal, yo no me animaría a poner un monto. Hay pagos que a simple vista son legales, pero tienen un acuerdo tácito”, dijo.
Mencionó además que la lista de periodistas beneficiados podría ser más extensa, porque hay gente que no facturó. Hay gente que es muy viva, que nunca permitió ni un recibo para justificar sus ingresos, mientras que hay gente que hacía su trabajo pero no tenía conocimiento del origen del dinero”. Añadió que todo lo desembolsado salía de las cuentas de la Municipalidad.
“La elección de periodistas tenía que ver con el intento de acercamiento entre ambas partes. Tenía que ver con el mayor acercamiento al público o la popularidad. Tenía que ver con la predisposición de la otra parte (comunicadores)”, expuso.
Sobre su situación procesal, dijo que está imputado al igual que toda su familia, en carácter de cómplices. “Nos parece muy injusto que se quiera atacarnos solo a nosotros si nosotros cumplimos órdenes”.
Reveló que contaba con un registro de los pagos que se hacían por este concepto. “Era un registro paralelo al de la Municipalidad. Con esto se demostraba que se hicieron estos pagos y que no nos quedamos con el dinero”, apuntó
Además resaltó que recibieron órdenes de destruir los documentos referentes a los pagos, instrucciones dadas por el propio Zacarías Irún. "La intendenta Sandra McLeod probablemente habría tenido menos conocimiento del que tenía el senador. El señor Javier Zacarías Irún ordenó destruir los documentos", exclamó.
“Nosotros vamos a tener que resguardarnos. No sé si este año qué haremos laboralmente ni materialmente. Eso implica que muchos colegas expresen su enojo para nosotros”, lamentó.