“Existen méritos” contra Portillo y Baruja

La comisión especial de la Cámara de Diputados resolvió por unanimidad que existen méritos para el inicio del trámite institucional por trasgresión del Código de Ética a los legisladores Carlos Portillo y Jorge Baruja por cobro indebido de viáticos.

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El coordinador de la comisión, Mario Soto Estigarribia (ANR), explicó que tras un intenso debate entre sus miembros se resolvió que no les compete dictaminar a favor o en contra de una sanción contra sus colegas, sin embargo, por unanimidad consideraron “la existencia presuntiva de méritos para el inicio del trámite institucional por trasgresión del Código de Ética”.

“Algunos eran de criterio como el mío de que la comisión integrada no era de la competencia para entender en hechos de esta naturaleza, y por tanto debía ser enviada de vuelva a la presidencia para su remisión a la comisión de Asuntos Constitucionales, conforme al Código de Ética, que en su artículo 42 determina el procedimiento a seguir”, explicó el diputado colorado, en comunicación con ABC Color.

Estimó que la mesa directiva de Diputados derivará este miércoles el caso a la comisión de Asuntos Constitucionales y esta tendrá un plazo de 15 días para expedirse sobre las denuncias contra ambos parlamentarios, a fin de que la plenaria resuelva sancionar o no a sus colegas.

Según informes oficiales de la Cámara, Portillo recibió un viático de casi G. 20 millones para un viaje a Las Vegas, Estados Unidos, para participar presuntamente de un seminario sobre gasto público. Finalmente, no viajó porque llegó tarde al aeropuerto y devolvió el dinero, aunque recién después de que se hiciera público este hecho.

En tanto, Baruja viajó en enero a Cancún para participar supuestamente de un congreso mundial sobre menopausia. Sin embargo, el evento tuvo lugar tres meses después. El legislador también devolvió el dinero al hacerse público el hecho.

Las sanciones que establece el Código de Ética de Diputados, con base en el artículo 190 de la Constitución Nacional, pueden ir desde la amonestación verbal hasta la suspensión en el cargo por 60 días.

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