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La organización civil recuerda que Carlos González Romero y Carlos Franco Rivarola, ambos indígenas de la Comunidad Virgen Santísima del Pueblo Ishir Ybytoso, distrito y capital de Alto Paraguay, fueron aprehendidos el 16 de marzo pasado, en la jurisdicción de Carmelo Peralta, República del Paraguay, mientras se encontraban haciendo trabajos de mudanza.
Señala que la privación de libertad fue realizada por personal de una patrulla militar brasileña del Destacamento de Barranco Branco, dependiente de la Segunda Compañía, con asiento en “Porto Murtinho”, siendo conducidos desde la orilla paraguaya hasta la brasileña y, finalmente, imputados por el supuesto hecho punible de portación de arma de uso restringido, establecido en la Ley Brasileña 10.826/03.
Añade que en el marco de este proceso penal, los detenidos podrían ser trasladados a una penitencia federal y ser puestos a disposición de un juez federal de turno, probablemente, de Ponta Porã. “Todas las actuaciones de los funcionarios de la República Federativa del Brasil, de esta manera, violan varias disposiciones legales”, alerta Tierraviva.
Dice que entre ellas, en primer lugar, se “viola flagrantemente” la soberanía del Estado paraguayo sobre el territorio nacional establecida en el Art. 155 de la Constitución de la República del Paraguay, así como el Derecho Internacional Público, en cuanto a la negación de la participación del Estado paraguayo en los trámites del proceso penal, considerando que todas las actuaciones en el marco del derecho procesal penal se habrían realizado unilateralmente, sin dar participación al Estado paraguayo en tiempo y forma.
Agrega que, en segundo lugar, se “viola abiertamente” el derecho humano internacional, considerando la ausencia del abordaje intercultural en el marco del debido proceso, así como en cuanto al principio de autodeterminación y el derecho consuetudinario, que corresponden a todas las personas que pertenecen a pueblos indígenas, prerrogativas que, "mínimamente, deberían garantizar que Carlos González y Carlos Rivarola sean puestos en libertad".
Expresa asimismo que los detenidos e imputados están sufriendo vejaciones, que constituyen unas de las acciones que más realizan las patrullas militares y/o policías brasileños que "persiguen, amedrentan, roban y privan ilegalmente de libertad, sistemáticamente a pescadores y trabajadores indígenas, como consecuencia de la desidia, el abandono y la discriminación estructural del Estado paraguayo hacia los pueblos indígenas".
En ese sentido, exige que las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores, así como del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), intervengan “de manera más firme y activa”, a los efectos de garantizar el cumplimiento del Derecho Internacional Público y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, consultando y comunicando permanentemente al pueblo Ishir Ybytoso, así como brindando información pública y periódica a través de comunicados y conferencias de prensa, considerando la violación a la soberanía nacional.
Exige igualmente la interpretación y aplicación irrestricta del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que garantiza a todos los integrantes de pueblos indígenas del mundo el debido proceso, con abordaje intercultural, así como el principio de autodeterminación y el derecho consuetudinario.
Asimismo informa que acompaña la medida de fuerza y de defensa de derechos humanos de todo el pueblo Ishir Ybytoso, en solidaridad con el pueblo Ayoreo, en relación con el cierre de parte del río Paraguay, hasta que las autoridades paraguayas competentes se constituyan en el lugar y comuniquen el cese de la violación de los derechos humanos de las dos personas indígenas privadas de su libertad.