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Ya en noviembre del 2012 salió a la luz el nombre de Diosnel Giménez por supuestamente proteger a un narco. Los hechos se dieron cuando cayó el presunto narcotraficante Esequiel De Souza Gómez en el distrito de La Paloma, Canindeyú, junto a otras 18 personas. En la ocasión se incautó 1.748 kilos de cocaína en el marco del operativo “Águila Negra”. Giménez es uno de los fiscales que solicitó protección policial para Souza. Supuestamente, Souza Gómez fue amenazado de muerte hace tiempo, por lo que los fiscales Giménez y Zarza ordenaron su protección policial. A raíz de ello el Ministerio Público ya lo había investigado.
También el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados había resuelto apercibir al fiscal Diosnel Giménez, por haber cometido mal desempeño de funciones, ya que el fiscal dictaminó hacer lugar a una medida sustitutiva a la prisión a un procesado por el tráfico de 20 kilos de cocaína. Según los datos que manejaba el Jurado, los procesados fueron detenidos en flagrante comisión del supuesto hecho punible de posesión y tráfico de estupefacientes consistente en 20 kilos y 600 gramos de cocaína, hecho ocurrido en agosto de 2010, en la jurisdicción de Salto del Guairá, departamento de Canindeyú.
El 16 de diciembre del 2010 la defensa técnica de Juan Ramón Ruiz Díaz solicitó la revocatoria de la prisión preventiva. Del planteamiento se corrió traslado al fiscal, quien contestó por escrito y recomendó que se haga lugar a la revocatoria del auto de prisión preventiva.
La Fiscalía consideró que las evidencias se desvanecían en relación con este imputado, por ese motivo dictaminó por la revocatoria de prisión. Luego, el juez penal de Salto de Guairá hizo lugar al incidente de revocatoria de auto de prisión de Ruiz Díaz y ordenó la libertad del procesado. Sin embargo, en fecha 5 de febrero del 2011, el fiscal formuló acusación y solicitó juicio oral para Ruiz Díaz, Luis Alberto Benítez, Hugo Sánchez, Hugo Ovando y Pablo Ríos Romero.
Este punto, es el que cuestionó el Jurado, ya que si el fiscal acusa y pide que la causa se eleve a juicio oral y público es porque tiene serios indicios de la implicancia del procesado en el hecho investigado, lo cual no condice con su dictamen de revocatoria de prisión.
Y el último caso donde estuvo involucrado y que le valió su renuncia es el blanqueo al intendente de Yby Pytã, Virgilio Portillo, quien en abril de 2008, fue detenido con 8.000 kilos de marihuana picada y 175 kilos de la droga prensada. Pese a las evidencias, el ahora jefe comunal fue sobreseído y luego se postuló al cargo.
El fiscal general, Javier Díaz Verón, había dispuesto la suspensión por tres meses sin goce de sueldo de Diosnel Giménez y Leonardo Cáceres, así como que sus antecedentes sean remitidos al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).
Los tres actuaron negligentemente y beneficiaron al jefe comunal según el dictamen de la inspectoría del Ministerio Público. Pero con su renuncia el órgano encargado de juzgar a los fiscales y jueces ya no tendrá potestad de investigarlo y removerle de su cargo. Y mucho menos podrá ser investigado por la justicia penal, quedando en la total impunidad como muchos otros casos.