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Al respecto, el gerente de Prestaciones Económicas del Instituto de Previsión Social (IPS), Pedro Halley, explicó que las empleadas domésticas forman parte desde este año, por ley, del régimen de salud y cotizarán también para jubilación.
Añadió que el examen preadmisional tiene que estar relacionado a la actividad laboral que vaya a desarrollar el personal contratado, que para una empleada doméstica sería la presión arterial, diabetes, etc.
Afirmó que si el patrón es dueño de un "call center, el examen médico laboral tiene que estar orientado, por ejemplo, al oído. "O sea, tiene que haber una relación entre el examen y la tarea que va a desarrollar la persona", dijo.
Halley explicó que el examen médico tiene una "doble finalidad" para el IPS. Por una parte, si el instituto sabe con qué patología ingresa un trabajador, se le puede reorientar hacia las especialidades y tratamientos específicos que provee el ente; es decir, medicina preventiva, porque si no lo hace, puede terminar enfrentando patologías más graves.
Agregó que, otro lado, se busca disuadir los "seguros de favor", porque en el servicio doméstico muchas veces veces se presentan los "amigos o parientes" de una supuesta patrona que contrata a una persona que tiene cáncer y le inscribe en el IPS.
"Esa persona no va a trabajar, sino va a figurar nomás, y ese seguro de favor no es para prevenir una gripe, sino para cubrir una enfermedad catastrófica, que inmediatamente puede implicar grandes gastos para la institución para alguien que, en realidad, no trabaja", alertó.
En este contexto, el IPS realiza las siguientes aclaraciones: es ilegal solicitar el test de VIH en el ámbito público o privado. Ninguna empresa pública o privada debe exigir el test de VIH a ningún trabajador o trabajadora. Ninguna empresa debe exigir el resultado de test de VIH o será sancionada.
Además, el trabajador tiene derecho a demandar a las empresas que violen la prohibición. El estado de salud de los trabajadores es información confidencial y se debe garantizar los derechos. Se insta a trabajadores víctimas de estos hechos a presentar denuncia y se garantiza confidencialidad de datos.